El Ejecutivo aprobará este martes un decreto que prorroga los contratos de arrendamiento, endurece el control sobre los alquileres temporales y turísticos e introduce incentivos fiscales para abaratar las rentas, mientras la reforma de la ley del suelo amenaza con frustrar su convalidación en el Congreso
El Gobierno llega al último tramo de la negociación del que aspira a convertir en el mayor paquete de medidas sobre vivienda desde la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda con un doble desafío.Por un lado, pretende responder a la escalada de los precios del alquiler con nuevas herramientas regulatorias y fiscales. Por otro, necesita reunir una mayoría parlamentaria que, a pocas horas de que el Consejo de Ministros dé luz verde al decreto ley, continúa lejos de estar asegurada. No en vano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva encallado toda la Legislatura.Sánchez aprovechará su comparecencia de balance del curso político del martes para presentar una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo intenta intervenir sobre uno de los principales focos de preocupación económica de los hogares españoles. El texto persigue estabilizar los contratos de arrendamiento, limitar el uso fraudulento de determinadas modalidades de alquiler, ampliar la oferta de vivienda residencial y reforzar los incentivos para que parte de los inmuebles que hoy operan en otros mercados regresen al alquiler de larga duración.La dificultad no reside tanto en el contenido del decreto como en la aritmética parlamentaria. El Ejecutivo mantiene conversaciones prácticamente a varias bandas para construir una mayoría que permita convalidar la norma en el Congreso, una votación que volverá a poner de manifiesto la complejidad de una legislatura sustentada sobre apoyos muy heterogéneos. Mientras Junts condiciona su respaldo a la incorporación de medidas de carácter fiscal, Podemos rechaza de plano la reforma de la ley del suelo incluida en el borrador y advierte de que no participará en ninguna negociación si ese apartado permanece intacto.El núcleo del decreto se articula en torno a dos grandes objetivos. El primero consiste en actuar directamente sobre el mercado del alquiler para intentar contener las rentas y reforzar la posición de los inquilinos. El segundo busca movilizar vivienda hacia el mercado residencial mediante cambios tributarios y administrativos que alteren los incentivos económicos existentes en la actualidad.La medida con mayor impacto potencial será la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. La iniciativa permitirá que los arrendatarios puedan prolongar la vigencia de sus contratos sin quedar expuestos de forma inmediata a las fuertes subidas de precios que registra el mercado en numerosas ciudades.La propuesta constituye una de las principales reivindicaciones de Sumar en materia de vivienda. El socio minoritario del Gobierno consiguió incorporarla inicialmente al paquete de medidas aprobado el pasado mes de marzo, aunque apenas unas semanas después el Congreso terminó derogándola durante el proceso de convalidación con el respaldo del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras el PNV optó por la abstención.Ahora el Ejecu
El Gobierno llega al último tramo de la negociación del que aspira a convertir en el mayor paquete de medidas sobre vivienda desde la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda con un doble desafío. Por un lado, pretende responder a la escalada de los precios del alquiler con nuevas herramientas regulatorias y fiscales. Por otro, necesita reunir una mayoría parlamentaria que, a pocas horas de que el Consejo de Ministros dé luz verde al decreto ley, continúa lejos de estar asegurada. No en vano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva encallado toda la Legislatura. Sánchez aprovechará su comparecencia de balance del curso político del martes para presentar una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo intenta intervenir sobre uno de los principales focos de preocupación económica de los hogares españoles. El texto persigue estabilizar los contratos de arrendamiento, limitar el uso fraudulento de determinadas modalidades de alquiler, ampliar la oferta de vivienda residencial y reforzar los incentivos para que parte de los inmuebles que hoy operan en otros mercados regresen al alquiler de larga duración. La dificultad no reside tanto en el contenido del decreto como en la aritmética parlamentaria. El Ejecutivo mantiene conversaciones prácticamente a varias bandas para construir una mayoría que permita convalidar la norma en el Congreso, una votación que volverá a poner de manifiesto la complejidad de una legislatura sustentada sobre apoyos muy heterogéneos. Mientras Junts condiciona su respaldo a la incorporación de medidas de carácter fiscal, Podemos rechaza de plano la reforma de la ley del suelo incluida en el borrador y advierte de que no participará en ninguna negociación si ese apartado permanece intacto. El núcleo del decreto se articula en torno a dos grandes objetivos. El primero consiste en actuar directamente sobre el mercado del alquiler para intentar contener las rentas y reforzar la posición de los inquilinos. El segundo busca movilizar vivienda hacia el mercado residencial mediante cambios tributarios y administrativos que alteren los incentivos económicos existentes en la actualidad. La medida con mayor impacto potencial será la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. La iniciativa permitirá que los arrendatarios puedan prolongar la vigencia de sus contratos sin quedar expuestos de forma inmediata a las fuertes subidas de precios que registra el mercado en numerosas ciudades. La propuesta constituye una de las principales reivindicaciones de Sumar en materia de vivienda. El socio minoritario del Gobierno consiguió incorporarla inicialmente al paquete de medidas aprobado el pasado mes de marzo, aunque apenas unas semanas después el Congreso terminó derogándola durante el proceso de convalidación con el respaldo del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras el PNV optó por la abstención. Ahora e
