La entrada de fentalino y otras drogas en las prisiones españolas continúa en auge sin que, al menos de momento, la Administración haya tomado medidas efectivas para frenar su impacto. De ahí que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, haya solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adquisición de sistemas de detección de fentanilo.. En concreto, CSIF reclama medidas como «las toallitas reactivas (TDD10-Fent) o el espectrómetro portátil con tecnología NIR», un instrumento que analiza la luz para identificar la composición de una sustancia, «ya existentes en el mercado».. Con el fin de contener la amenaza que supone el fentanilo y demás drogas de elevada toxicidad para la seguridad tanto de los trabajadores como de la población reclusa, CSIF ya formuló el pasado 10 de abril una reclamación ante la Dirección General de Ejecución Penal y Rehabilitación Social en la que exigía «la aprobación y ejecución inmediata de un protocolo integral de actuación frente al fentanilo y otras sustancias psicoativas».. El sindicato proponía a la Secretaría General actualizar la guía editada en 2024, «dado que se encuentra obsoleta», recuerda CSIF, con el fin de interceptar este tipo de droga antes de que pueda llegar al interior de las prisiones y para ello hacen falta medios electrónicos para llevar a cabo este tipo de actuaciones, así como formación específica.. Pues no tiene sentido que la única medida que haya tomado la Administración Penitenciaria sea editar un manual sobre cómo manipular el fentanilo, pues una exposición accidental, ya sea por inhalación, contacto dérmico o ingestión indirecta supone un riesgo real e inmediato para el personal funcionario encargado de las labores de incautación, registro y custodia, lo que compromete la seguridad laboral y la eficacia del propio sistema penitenciario.. Es decir, que lo que se necesita es un protocolo específico, actualizado y homogéneo de actuación, no solo para manipular con garantías estas sustancias, sino para evitar su entrada en las cárceles.. La gravedad del consumo de estos estupefacientes «está acreditada y las consecuencias fatales derivadas de su contacto son indiscutibles», recuerda el sindicato. Así, cabe recordar que su consumo ocasiona a menudo desórdenes, conflictos, y agresividad entre los reclusos, involucrando a los trabajadores penitenciarios, como ya se ha visto en Algeciras, Puerto III y hace escasas semanas en Huelva.. Este opioide sintético, o derivados incluso más potentes, junto al cannabis sintético (comúnmente conocido en las cárceles como ‘pescaíto’) son impregnados en papeles para entrar en los centros penitenciarios de manera casi indetectable, para luego recortarlos en tiritas pequeñas que se fuman mezcladas con tabaco.. Esta variabilidad de sustancias y cantidades en cada dosis hace que los efectos de su consumo sean imprevisibles. Por ello, CSIF recuerda que el artículo 14 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la Administración Penitenciaria a proteger al personal a su servicio frente a los riesgos laborales. Y reclama por tanto a Instituciones Penitenciarias la adquisición de los mencionados sistemas de detección rápida del fentanilo y otras sustancias psicoactivas, «siendo prioritaria su disponibilidad en las áreas en las que el personal penitenciario está más expuesto al riesgo» de los que las consumen.
CSIF recuerda a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias que su obligación es proteger al personal a su servicio y solicita la adquisición de toallitas reactivas o espectómetros portátiles para evitar que las sustancias psicoactivas entren en los centros penitenciarios
La entrada de fentalino y otras drogas en las prisiones españolas continúa en auge sin que, al menos de momento, la Administración haya tomado medidas efectivas para frenar su impacto. De ahí que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, haya solicitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adquisición de sistemas de detección de fentanilo.. En concreto, CSIF reclama medidas como «las toallitas reactivas (TDD10-Fent) o el espectrómetro portátil con tecnología NIR», un instrumento que analiza la luz para identificar la composición de una sustancia, «ya existentes en el mercado».. Con el fin de contener la amenaza que supone el fentanilo y demás drogas de elevada toxicidad para la seguridad tanto de los trabajadores como de la población reclusa, CSIF ya formuló el pasado 10 de abril una reclamación ante la Dirección General de Ejecución Penal y Rehabilitación Social en la que exigía «la aprobación y ejecución inmediata de un protocolo integral de actuación frente al fentanilo y otras sustancias psicoativas».. El sindicato proponía a la Secretaría General actualizar la guía editada en 2024, «dado que se encuentra obsoleta», recuerda CSIF, con el fin de interceptar este tipo de droga antes de que pueda llegar al interior de las prisiones y para ello hacen falta medios electrónicos para llevar a cabo este tipo de actuaciones, así como formación específica.. Pues no tiene sentido que la única medida que haya tomado la Administración Penitenciaria sea editar un manual sobre cómo manipular el fentanilo, pues una exposición accidental, ya sea por inhalación, contacto dérmico o ingestión indirecta supone un riesgo real e inmediato para el personal funcionario encargado de las labores de incautación, registro y custodia, lo que compromete la seguridad laboral y la eficacia del propio sistema penitenciario.. Es decir, que lo que se necesita es un protocolo específico, actualizado y homogéneo de actuación, no solo para manipular con garantías estas sustancias, sino para evitar su entrada en las cárceles.. La gravedad del consumo de estos estupefacientes «está acreditada y las consecuencias fatales derivadas de su contacto son indiscutibles», recuerda el sindicato. Así, cabe recordar que su consumo ocasiona a menudo desórdenes, conflictos, y agresividad entre los reclusos, involucrando a los trabajadores penitenciarios, como ya se ha visto en Algeciras, Puerto III y hace escasas semanas en Huelva.. Este opioide sintético, o derivados incluso más potentes, junto al cannabis sintético (comúnmente conocido en las cárceles como ‘pescaíto’) son impregnados en papeles para entrar en los centros penitenciarios de manera casi indetectable, para luego recortarlos en tiritas pequeñas que se fuman mezcladas con tabaco.. Esta variabilidad de sustancias y cantidades en cada dosis hace que los efectos de su consumo sean imprevisibles. Por ello, CSIF recuerda que el artículo 14 de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la Administración Penitenciaria a proteger al personal a su servicio frente a los riesgos laborales. Y reclama por tanto a Instituciones Penitenciarias la adquisición de los mencionados sistemas de detección rápida del fentanilo y otras sustancias psicoactivas, «siendo prioritaria su disponibilidad en las áreas en las que el personal penitenciario está más expuesto al riesgo» de los que las consumen.
