Un informático que dejó un empleo estable en Barcelona para emprender en el sector del transporte, relata en el pódcast Rutas de Éxito su calvario burocrático para legalizar dos camiones y cómo la administración, afirma, penaliza al que intenta crear riqueza
Cristian aterrizó en España con 21 años para cursar un máster y se quedó en Barcelona, donde trabajó durante años en una plataforma de estudios de mercado con sueldos que rondaban los 1.800 o 2.000 euros netos al mes. Pese a la estabilidad, sintió que aquella vida no le representaba y decidió volcarse en un negocio que conocía desde la infancia (su padre regenta una empresa de transporte en Rumanía desde 1991) pero del que había huido durante años.Con ahorros personales, la prestación por desempleo y el respaldo económico de su progenitor, constituyó una sociedad limitada y compró un primer camión de segunda mano por 71.000 euros más IVA. Solo los trámites para obtener la licencia y cambiar la titularidad del vehículo se alargaron tres meses, un anticipo de lo que estaba por llegar.Un calvario sin rostro que alarga seis meses la puesta en marcha de un camiónCuando adquirió un segundo camión casi idéntico en Rumanía por 57.000 euros, confió en que la experiencia previa agilizaría el proceso. Se equivocó. El vehículo llegó a España el 1 de diciembre y Cristian no ha conseguido matricularlo seis meses después. La ITV le rechazó el camión porque le faltaba una pegatina de limitación a 90 km/h, un adhesivo que se puede imprimir en casa pero que, al no figurar en el parabrisas, obligó a pedir cita, esperar la pieza y volver a pasar la inspección. Superado aquel escollo, el ingeniero tardó otras tres semanas en enviarle la ficha técnica.Después llegó el peregrinaje entre la DGT, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento: la primera solicitud de matriculación fue denegada porque el certificado de transportes aún no había sido emitido; la segunda, porque el impuesto de vehículos de tracción mecánica que había pagado para un trimestre había caducado mientras esperaba; la tercera, por duplicidad de modelos de exención del impuesto de matriculación, lo que desencadenó una inspección.“Te sientes bloqueado, con una sensación de impotencia muy grande. Haces una solicitud, recibes un comprobante y te dicen ‘espérate’. No puedes consultar el estado ni te dan la cara”, lamenta.La paradoja de querer pagar impuestos y que el sistema te lo impidaMientras sortea esta maraña administrativa, Cristian no se ha pagado una nómina en seis meses. Los aproximadamente 15.000 euros del IVA del primer camión siguen bloqueados porque aún no ha podido compensarlos al no trabajar en España.Vive exclusivamente de sus ahorros porque ha decidido mantener todos los beneficios del primer camión dentro de la empresa para cubrir imprevistos y poder crecer. Mientras tanto, el chófer de ese vehículo cobra unos 3.200 euros netos al mes.La ironía que más le golpea es haber descubierto que capitalizar el paro y obtener dinero del Estado resultó mucho más sencillo que levantar una estructura para tributar.“Me ha sido más fácil sacar dinero del erario público que construir algo para devolverlo”, explica. Esa reflexi
Cristian aterrizó en España con 21 años para cursar un máster y se quedó en Barcelona, donde trabajó durante años en una plataforma de estudios de mercado con sueldos que rondaban los 1.800 o 2.000 euros netos al mes. Pese a la estabilidad, sintió que aquella vida no le representaba y decidió volcarse en un negocio que conocía desde la infancia (su padre regenta una empresa de transporte en Rumanía desde 1991) pero del que había huido durante años. Con ahorros personales, la prestación por desempleo y el respaldo económico de su progenitor, constituyó una sociedad limitada y compró un primer camión de segunda mano por 71.000 euros más IVA. Solo los trámites para obtener la licencia y cambiar la titularidad del vehículo se alargaron tres meses, un anticipo de lo que estaba por llegar. Un calvario sin rostro que alarga seis meses la puesta en marcha de un camión Cuando adquirió un segundo camión casi idéntico en Rumanía por 57.000 euros, confió en que la experiencia previa agilizaría el proceso. Se equivocó. El vehículo llegó a España el 1 de diciembre y Cristian no ha conseguido matricularlo seis meses después. La ITV le rechazó el camión porque le faltaba una pegatina de limitación a 90 km/h, un adhesivo que se puede imprimir en casa pero que, al no figurar en el parabrisas, obligó a pedir cita, esperar la pieza y volver a pasar la inspección. Superado aquel escollo, el ingeniero tardó otras tres semanas en enviarle la ficha técnica. Después llegó el peregrinaje entre la DGT, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento: la primera solicitud de matriculación fue denegada porque el certificado de transportes aún no había sido emitido; la segunda, porque el impuesto de vehículos de tracción mecánica que había pagado para un trimestre había caducado mientras esperaba; la tercera, por duplicidad de modelos de exención del impuesto de matriculación, lo que desencadenó una inspección. “Te sientes bloqueado, con una sensación de impotencia muy grande. Haces una solicitud, recibes un comprobante y te dicen ‘espérate’. No puedes consultar el estado ni te dan la cara”, lamenta. La paradoja de querer pagar impuestos y que el sistema te lo impida Mientras sortea esta maraña administrativa, Cristian no se ha pagado una nómina en seis meses. Los aproximadamente 15.000 euros del IVA del primer camión siguen bloqueados porque aún no ha podido compensarlos al no trabajar en España. Vive exclusivamente de sus ahorros porque ha decidido mantener todos los beneficios del primer camión dentro de la empresa para cubrir imprevistos y poder crecer. Mientras tanto, el chófer de ese vehículo cobra unos 3.200 euros netos al mes. La ironía que más le golpea es haber descubierto que capitalizar el paro y obtener dinero del Estado resultó mucho más sencillo que levantar una estructura para tributar. “Me ha sido más fácil sacar dinero del erario público que construir algo para devolverlo”, explica. E
