La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha remitido una comunicación a las 80 cárceles que dependen de la Administración General del Estado (excepto las de Cataluña y País Vasco) para que se informe a los presos preventivos migrantes sobre la regularización y se les ayude a conseguir la documentación. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señalan que la medida puede afectar a unos 3.500 internos extranjeros y enmarcan esta decisión en la normalidad del funcionamiento de las cárceles, donde el personal ayuda a la población reclusa con los trámites con la administración. Sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones advierten de que facilitar la regulación desde prisión evidencia “contradicciones”.. Seguir leyendo
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha remitido una comunicación a las 80 cárceles que dependen de la Administración General del Estado (excepto las de Cataluña y País Vasco) para que se informe a los presos preventivos migrantes sobre la regularización y se les ayude a conseguir la documentación. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señalan que la medida puede afectar a unos 3.500 internos extranjeros y enmarcan esta decisión en la normalidad del funcionamiento de las cárceles, donde el personal ayuda a la población reclusa con los trámites con la administración. Sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones advierten de que facilitar la regulación desde prisión evidencia “contradicciones”.. Uno de los requisitos para los migrantes que quieran acogerse al decreto de regularización es el de carecer de antecedentes penales, por lo que, según puntualizan fuentes de Interior, los únicos que en este momento podrían acogerse, en principio, dentro de prisión serían los que están de forma preventiva, sin condena. La reacción del PP a esta carta ha sido inmediata. La eurodiputada y vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, puso a última hora de este lunes un tuit que decía que “un preso preventivo es aquel al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva (art. 503 LECrim). Es decir, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave”. Otras fuentes del PP añaden que la prisión preventiva es una medida cautelar “que priva de libertad a un investigado durante un proceso penal antes de una sentencia firme” y se preguntan si esto no supone “un riesgo de orden público”.. La comunicación fue firmada por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, a finales de la semana pasada y explica que, aunque el estudio y la valoración de las personas que se pueden acoger al Real Decreto de regularización no es competencia de la administración penitenciaria, sí “se considera necesario transmitir una serie de indicaciones” con el objetivo “de garantizar una adecuada información a la población interna extranjera” y, en su caso, añade “facilitar copia de la documentación que pudiera constar en esta administración”.. En dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se exponen cuatro puntos que los directores de las cárceles deberán garantizar en su centro, como son el poner en un tablón de anuncios (“de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas, etc.”) a qué profesional o profesionales del equipo técnico tendrán de referente para ello; preverse apoyo lingüístico pertinente en caso de que no dominen el español; facilitar toda la documentación “a la mayor brevedad” si alguien lo requiere, dejando registro por escrito en el expediente personal del recluso; y elaborar una relación con el número de personas que hayan cursado la solicitud.. Fuentes de Interior insisten en que esta comunicación a prisiones no supone iniciar ningún trámite, simplemente facilitar que se pueda iniciar para los 3.300 hombres y las 200 mujeres preventivas no comunitarias. Dentro de cada procedimiento será el Ministerio de Migraciones el que estudie “caso a caso”, añaden.. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido una nota de prensa mostrando su “preocupación” ante la posibilidad de que personas privadas de libertad puedan acceder a la regularización y añaden un problema: “España presenta un desfase estructural entre las órdenes de expulsión dictadas y las realmente ejecutadas”. Según el sindicato, en los últimos años solo una parte de las expulsiones acordadas llega a materializarse debido a problemas de identificación y falta de cooperación. “Personas que en otros escenarios estarían en el circuito de expulsión pasan a integrarse en un procedimiento administrativo”, advierten y esto, a su juicio, podrá presentar dificultades de control real. En esta línea se manifiesta también el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar: “Mientras cientos de miles de inmigrantes hacen cola, a los delincuentes extranjeros se les facilita”, dicen fuentes sindicales.. El detalle de la regularización aprobada el pasado 14 de abril, y que se prevé que pueda afectar a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular, implica también la posibilidad de cancelar antecedentes penales que sean leves (como para cualquier ciudadano español) y agrega que no se contabilizará como antecedente una valoración policial por sí misma. El peso de la decisión lo tiene el personal encargado de ponderar la petición: “El órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea”, indica el real decreto.. Desde el sindicato de prisiones Acaip-UGT, mayoritario en las prisiones, rebajan la polémica. “Al igual que tenemos instrucciones de cómo renovar el DNI, el carné de conducir o, cuando llegan las elecciones, que voten los presos por correo. Hay que articular protocolos de cómo proceder”, recalcan.
Sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones denuncian que es “contradictorio” con el requisito de antecedentes penales
