El Gobierno quiere que creamos que la crisis de la vivienda acaba de irrumpir en el Consejo de Ministros y que bastará un nuevo decreto, una prórroga de contratos o una congelación de alquileres para corregirla. Es falso. La emergencia lleva años creciendo sin freno ante los ojos de todos, mientras las administraciones producían anuncios, planes y fotografías, pero no las casas necesarias. Lo que ahora se presenta como una negociación social es, en realidad, una disputa electoral.. PSOE y Sumar no están discutiendo únicamente qué hacer con la vivienda. Discuten quién se libra del coste de no haber hecho lo suficiente y quién aparece ante el electorado progresista como dueño de la respuesta. Cada uno necesita demostrar que el otro se resiste, llega tarde o protege intereses ajenos. No buscan solo un decreto: buscan una coartada. Y cuanto más grave es el problema, más rentable parece convertirlo en una batalla de identidad.. La gran bufonada consiste en fingir que una medida urgente puede cambiar una realidad construida durante décadas. Puede aliviar situaciones concretas, y debe hacerlo, pero no multiplicará de pronto el parque público, no liberará suelo, no acortará licencias, no dará seguridad a propietarios e inquilinos ni hará aparecer viviendas asequibles donde hoy no existen. Confundir protección inmediata con solución estructural es otra forma de engaño.. No hay una solución de derechas o de izquierdas. Hay instrumentos que funcionan y otros que fracasan. España necesita proteger a las familias vulnerables sin expulsar oferta del mercado; construir vivienda pública sin convertirla en patrimonio partidista; movilizar suelo, agilizar trámites y ofrecer seguridad jurídica; y coordinar ayuntamientos, comunidades y Estado. Todo eso exige dinero, continuidad y decisiones que tardarán entre cinco y diez años en producir resultados visibles.. Por eso la vivienda supera una legislatura y debería superar también la propaganda. El acuerdo decisivo no es el que PSOE y Sumar escenifiquen dentro del Gobierno, sino uno entre PSOE y PP que garantice estabilidad cuando cambien las mayorías. Un pacto nacional con objetivos medibles, calendario, financiación y rendición de cuentas.. La gente no necesita otra guerra cultural sobre su alquiler. Necesita una casa que pueda pagar. Mientras la política compita por apropiarse de la indignación, el precio seguirá subiendo y los jóvenes seguirán esperando. El verdadero engaño no es prometer una solución inmediata: es saber que no existe y continuar prometiéndola.
La gente no necesita otra guerra cultural sobre su alquiler. Necesita una casa que pueda pagar
El Gobierno quiere que creamos que la crisis de la vivienda acaba de irrumpir en el Consejo de Ministros y que bastará un nuevo decreto, una prórroga de contratos o una congelación de alquileres para corregirla. Es falso. La emergencia lleva años creciendo sin freno ante los ojos de todos, mientras las administraciones producían anuncios, planes y fotografías, pero no las casas necesarias. Lo que ahora se presenta como una negociación social es, en realidad, una disputa electoral.. PSOE y Sumar no están discutiendo únicamente qué hacer con la vivienda. Discuten quién se libra del coste de no haber hecho lo suficiente y quién aparece ante el electorado progresista como dueño de la respuesta. Cada uno necesita demostrar que el otro se resiste, llega tarde o protege intereses ajenos. No buscan solo un decreto: buscan una coartada. Y cuanto más grave es el problema, más rentable parece convertirlo en una batalla de identidad.. La gran bufonada consiste en fingir que una medida urgente puede cambiar una realidad construida durante décadas. Puede aliviar situaciones concretas, y debe hacerlo, pero no multiplicará de pronto el parque público, no liberará suelo, no acortará licencias, no dará seguridad a propietarios e inquilinos ni hará aparecer viviendas asequibles donde hoy no existen. Confundir protección inmediata con solución estructural es otra forma de engaño.. No hay una solución de derechas o de izquierdas. Hay instrumentos que funcionan y otros que fracasan. España necesita proteger a las familias vulnerables sin expulsar oferta del mercado; construir vivienda pública sin convertirla en patrimonio partidista; movilizar suelo, agilizar trámites y ofrecer seguridad jurídica; y coordinar ayuntamientos, comunidades y Estado. Todo eso exige dinero, continuidad y decisiones que tardarán entre cinco y diez años en producir resultados visibles.. Por eso la vivienda supera una legislatura y debería superar también la propaganda. El acuerdo decisivo no es el que PSOE y Sumar escenifiquen dentro del Gobierno, sino uno entre PSOE y PP que garantice estabilidad cuando cambien las mayorías. Un pacto nacional con objetivos medibles, calendario, financiación y rendición de cuentas.. La gente no necesita otra guerra cultural sobre su alquiler. Necesita una casa que pueda pagar. Mientras la política compita por apropiarse de la indignación, el precio seguirá subiendo y los jóvenes seguirán esperando. El verdadero engaño no es prometer una solución inmediata: es saber que no existe y continuar prometiéndola.
