Mónica García ha vuelto hoy a liberarse públicamente de toda responsabilidad y culpar a las autonomías de la crisis sanitaria en la que ella y su departamento han metido a todo el país en su cruzada por aprobar una reforma del Estatuto Marco que tiene en contra a toda la profesión médica.
No solo ha cargado contra los consejeros de Sanidad de Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco, a los que ha culpado de «saltarse las normas» y el acuerdo firmado por Sanidad y los sindicatos del Ámbito (del que se ha descolgado ya incluso una de las organizaciones mayoritarias, CSIF) , sino que ha cuestionado la legitimidad de los pactos alcanzados en estas comunidades para frenar la huelga indefinida prevista para septiembre. Unos acuerdos que, lejos de ser improvisados, han sido negociados durante semanas con los profesionales y que han permitido desactivar el conflicto en territorios donde la tensión era máxima.
Retirada del Estatuto Marco
La ministra ha presentado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) de esta mañana como un intento de las autonomías de boicotear los proyectos de Sanidad pero la realidad que se ha impuesto en en Plano ha sido otra: las 17 comunidades autónomas han acudido con una posición común y un documento firmado por todas en el que piden la retirada del actual borrador del Estatuto Marco y el reinicio completo de la negociación. Un hecho inédito que evidencia el aislamiento político del Ministerio y la fractura abierta con quienes gestionan la sanidad pública en el día a día.
En el acuerdo conjunto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las autonomías advierten de que el proceso «no ha logrado el consenso necesario» y reclaman «abrir una nueva etapa de diálogo» con participación real de todas las partes. También alertan de que la prolongación del conflicto y las convocatorias de huelga están teniendo «un impacto directo sobre la actividad asistencial» y comprometen la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada. Por ello, instan a la ministra a reiniciar la negociación «desde sus fases iniciales», con una metodología basada en la lealtad institucional y el consenso.
La posición de Galicia ha sido especialmente crítica. Su consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que «no espera nada de la ministra» y ha advertido de que la huelga de facultativos prevista para septiembre tendrá un «gran impacto negativo» en las listas de espera de cirugías, consultas y pruebas. Ha acusado al Ministerio de trabajar «con prisas» y de presentar documentos «inmaduros», también en lo relativo a la homogeneización de las listas de espera, una propuesta que considera «interesante» pero aún llena de «flecos» técnicos y carente de plataformas comunes.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha denunciado que las reuniones convocadas por Sanidad «siguen vacías de contenido» y que la ministra intenta proyectar una imagen de diálogo que no se corresponde con la realidad. Madrid subraya que las 17 comunidades, independientemente de su signo político, han sido capaces de alcanzar una posición común para pedir la retirada del texto y que el Ministerio debe «escuchar, dialogar de verdad y construir consensos en lugar de imponer decisiones de manera unilateral»
Además del documento sobre el Estatuto Marco, las autonomías han presentado un tercer texto con una posición unánime sobre las listas de espera, demostrando que existe una amplia mayoría territorial dispuesta a trabajar con rigor y propuestas para afrontar uno de los problemas más graves del sistema sanitario. Las comunidades reclaman al Ministerio una estrategia realista, con financiación suficiente y criterios homogéneos, y alertan de que la falta de avances está agravando la situación en todo el país.
Frente a esta posición común, García ha insistido en que el Ministerio ha cumplido con los sindicatos del Ámbito y ha acusado a las autonomías de «romper las reglas del juego» al negociar directamente con los médicos. Sin embargo, la ministra no ha explicado por qué su departamento ha ignorado los acuerdos alcanzados en territorios como Galicia, Comunidad Valenciana o País Vasco, que han permitido desactivar la huelga y mejorar las condiciones laborales de los facultativos.
Mónica García ha vuelto hoy a liberarse públicamente de toda responsabilidad y culpar a las autonomías de la crisis sanitaria en la que ella y su departamento han metido a todo el país en su cruzada por aprobar una reforma del Estatuto Marco que tiene en contra a toda la profesión médica. No solo ha cargado contra los consejeros de Sanidad de Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco, a los que ha culpado de «saltarse las normas» y el acuerdo firmado por Sanidad y los sindicatos del Ámbito (del que se ha descolgado ya incluso una de las organizaciones mayoritarias, CSIF) , sino que ha cuestionado la legitimidad de los pactos alcanzados en estas comunidades para frenar la huelga indefinida prevista para septiembre. Unos acuerdos que, lejos de ser improvisados, han sido negociados durante semanas con los profesionales y que han permitido desactivar el conflicto en territorios donde la tensión era máxima. Retirada del Estatuto Marco La ministra ha presentado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) de esta mañana como un intento de las autonomías de boicotear los proyectos de Sanidad pero la realidad que se ha impuesto en en Plano ha sido otra: las 17 comunidades autónomas han acudido con una posición común y un documento firmado por todas en el que piden la retirada del actual borrador del Estatuto Marco y el reinicio completo de la negociación. Un hecho inédito que evidencia el aislamiento político del Ministerio y la fractura abierta con quienes gestionan la sanidad pública en el día a día. En el acuerdo conjunto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las autonomías advierten de que el proceso «no ha logrado el consenso necesario» y reclaman «abrir una nueva etapa de diálogo» con participación real de todas las partes. También alertan de que la prolongación del conflicto y las convocatorias de huelga están teniendo «un impacto directo sobre la actividad asistencial» y comprometen la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada. Por ello, instan a la ministra a reiniciar la negociación «desde sus fases iniciales», con una metodología basada en la lealtad institucional y el consenso. La posición de Galicia ha sido especialmente crítica. Su consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que «no espera nada de la ministra» y ha advertido de que la huelga de facultativos prevista para septiembre tendrá un «gran impacto negativo» en las listas de espera de cirugías, consultas y pruebas. Ha acusado al Ministerio de trabajar «con prisas» y de presentar documentos «inmaduros», también en lo relativo a la homogeneización de las listas de espera, una propuesta que considera «interesante» pero aún llena de «flecos» técnicos y carente de plataformas comunes. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha denunciado que las reuniones convocadas por Sanidad «siguen vacías de contenido» y que la ministra intenta proyectar una imagen de diálogo que no se
Mónica García se niega y acusa a los gobiernos de la Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia de pactar con los médicos
Mónica García ha vuelto hoy a liberarse públicamente de toda responsabilidad y culpar a las autonomías de la crisis sanitaria en la que ella y su departamento han metido a todo el país en su cruzada por aprobar una reforma del Estatuto Marco que riene en contra a toda la profesión médica.No solo ha acusado a los consejeros regionales de Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco de «saltarse las normas» y el acuerdo firmado por Sanidad y los sindicatos del Ámbito (del que se ha descolgado ya incluso una de las organziaciones mayoritarias, CSIF) , sino que ha cuestionado la legitimidad de los pactos alcanzados en estas comunidades para frenar la huelga indefinida prevista para septiembre. Unos acuerdos que, lejos de ser improvisados, han sido negociados durante semanas con los profesionales y que han permitido desactivar el conflicto en territorios donde la tensión era máxima.La ministra ha intentado presentar la reunión del Consejo Interterritorial como un intento de las autonomías de boicotear los proyectos de Sanidad pero la realidad que se ha impuesto en la mesa ha sido otra: las 17 comunidades autónomas han acudido con una posición común y un documento firmado por todas en el que piden la retirada del actual borrador del Estatuto Marco y el reinicio completo de la negociación. Un hecho inédito que evidencia el aislamiento político del Ministerio y la fractura abierta con quienes gestionan la sanidad pública en el día a día.En el acuerdo conjunto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las autonomías advierten de que el proceso «no ha logrado el consenso necesario» y reclaman «abrir una nueva etapa de diálogo» con participación real de todas las partes. En el texto, las comunidades alertan de que la prolongación del conflicto y las convocatorias de huelga están teniendo «un impacto directo sobre la actividad asistencial» y comprometen la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada. Por ello, instan a la ministra a reiniciar la negociación «desde sus fases iniciales», con una metodología basada en la lealtad institucional y el consenso.La posición de Galicia ha sido especialmente crítica. Su consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que «no espera nada de la ministra» y ha advertido de que la huelga de facultativos prevista para septiembre tendrá un «gran impacto negativo» en las listas de espera de cirugías, consultas y pruebas. Ha acusado al Ministerio de trabajar «con prisas» y de presentar documentos «inmaduros», también en lo relativo a la homogeneización de las listas de espera, una propuesta que considera «interesante» pero aún llena de «flecos» técnicos y carente de plataformas comunes.La Comunidad de Madrid, por su parte, ha denunciado que las reuniones convocadas por Sanidad «siguen vacías de contenido» y que la ministra intenta proyectar una imagen de diálogo que no se corresponde con la realidad. Madrid subraya que las 17 comunidades, independientemente
