Pese a que va a competir con el [[LINK:TAG|||tag|||63361a0887d98e3342b27400|||PSOE ]]por no ser relegada a la tercera posición en la batalla por Madrid, a [[LINK:TAG|||tag|||633612e6ecd56e3616931ac7|||Mónica García]] no le importa nunca echar un cable a [[LINK:TAG|||tag|||6336155b87d98e3342b26c88|||Pedro Sánchez]] en su difícil empeño por sobrevivir lo que resta de legislatura. En medio de un Gobierno cercado por los casos de corrupción, y con la figura del presidente cada vez más asediada por decenas de imputaciones, la todavía ministra de Sanidad trata de convertirse en una excelente proveedora de bombas de humo con las que enmascarar desde su departamento debates sobre mordidas, prevaricaciones y presuntos cohechos que copan ya las tertulias hasta de los medios más adictos al régimen.
En este contexto hay que enmarcar la nueva ley antitabaco cuya tramitación acaba de arrancar, y cuyo futuro se atisba tan poco halagüeño como los sondeos electorales para el PSOE y sus socios socialcomunistas. Después de más de tres años de marear la perdiz, de dimes y diretes y de declaraciones altisonantes para acaparar titulares, García apela ahora a la Salud Pública con un proyecto normativo que es repudiado por todos los sectores y carece de consenso social para salir adelante. Una muestra más de su incapacidad proverbial para granjearse apoyos, como ya ha sucedido con el Estatuto Marco, vilipendiado a partes iguales por sus destinatarios –los médicos– y por las administraciones que deberían aplicarlo, autonomías de todos los partidos, socialistas y nacionalistas incluidos.
Mientras García se afana en debates etéreos sobre la prohibición de fumar en las orillas de los ríos, la Sanidad se desangra por el lado profesional y los pacientes de alzhéimer se quedan sin el tratamiento más prometedor por mor de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que depende de su Ministerio.
García está intentando obtener el apoyo de la Salud Pública con una propuesta de reglamento que ha sido rechazada por todos los grupos y no logra un acuerdo social para el progreso.
Pese a que va a competir con el PSOE por no ser relegada a la tercera posición en la batalla por Madrid, a Mónica García no le importa nunca echar un cable a Pedro Sánchez en su difícil empeño por sobrevivir lo que resta de legislatura. En medio de un Gobierno cercado por los casos de corrupción, y con la figura del presidente cada vez más asediada por decenas de imputaciones, la todavía ministra de Sanidad trata de convertirse en una excelente proveedora de bombas de humo con las que enmascarar desde su departamento debates sobre mordidas, prevaricaciones y presuntos cohechos que copan ya las tertulias hasta de los medios más adictos al régimen.En este contexto hay que enmarcar la nueva ley antitabaco cuya tramitación acaba de arrancar, y cuyo futuro se atisba tan poco halagüeño como los sondeos electorales para el PSOE y sus socios socialcomunistas. Después de más de tres años de marear la perdiz, de dimes y diretes y de declaraciones altisonantes para acaparar titulares, García apela ahora a la Salud Pública con un proyecto normativo que es repudiado por todos los sectores y carece de consenso social para salir adelante. Una muestra más de su incapacidad proverbial para granjearse apoyos, como ya ha sucedido con el Estatuto Marco, vilipendiado a partes iguales por sus destinatarios –los médicos– y por las administraciones que deberían aplicarlo, autonomías de todos los partidos, socialistas y nacionalistas incluidos.Mientras García se afana en debates etéreos sobre la prohibición de fumar en las orillas de los ríos, la Sanidad se desangra por el lado profesional y los pacientes de alzhéimer se quedan sin el tratamiento más prometedor por mor de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que depende de su Ministerio.
