Fedeca denuncia la creciente politización de puestos de responsabilidad que requieren conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión acreditada
«Tenemos que garantizar que la administración sea neutral con independencia de quien la dirija y plantarnos cuando hay una decisión política que va a ir en contra de los procedimientos legales o de los criterios técnicos». Alto y claro, los altos funcionarios han dicho basta y han decidido plantarse ante los continuos atropellos con los funcionarios públicos por parte del Gobierno, personificado los últimos días en el ministro de Transportes Óscar Puente, tras el accidente de Urda.. El vicepresidente de la federación que agrupa a los altos funcionarios (Fedeca), Víctor Rodríguez, ha pedido a los funcionarios a plantarse cuando una decisión política vaya contra la legalidad o los criterios técnicos. «Los políticos están de paso, pero la administración permanece», ha señalado en el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, en el que ha reiterado que los empleados públicos respetan «el cumplimiento de los procedimientos legales como de los criterios técnicos».. Estas declaraciones han llegado poco antes de un comunidad oficial de Fedeca, que ha ido más lejos y han denunciado que está en juego el buen funcionamiento de nuestras instituciones, por lo que es necesario «garantizar la independencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus responsabilidades técnicas. Las labores de investigación, inspección, supervisión y control deben desarrollarse con absoluta autonomía, sin injerencias políticas ni presiones de ningún tipo. La independencia de criterio de los funcionarios no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía esencial para los ciudadanos, la defensa del interés general y el correcto funcionamiento del Estado de derecho».. Los altos funcionarios del Estado reiteran que «es imprescindible esclarecer con el máximo rigor, transparencia e independencia las causas del trágico accidente ferroviario de Urda pero también del de Adamuz, para ofrecer a la ciudadanía las respuestas que legítimamente reclama y merece, como condición indispensable para preservar la confianza en nuestras instituciones y evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse».. Fedeca lleva años advirtiendo de los riesgos que entraña la creciente politización de puestos de responsabilidad que requieren conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión acreditada. «El acceso a estas responsabilidades no puede responder a criterios de afinidad partidista ni convertirse en una puerta giratoria para el acomodo de cargos políticos, al margen de los principios de mérito y capacidad». Por ello, exigen «la urgente necesidad de profesionalizar la dirección de las administraciones y organismos públicos».. Recuerdan que la «legítima dirección política de la Administración debe ser plenamente compatible con una gestión pública profesional, independiente y sometida a criterios objetivos. Confundir ambas esferas, desplazando el conocimiento y la experiencia profesional en favor de la confianza política, contribuye al deterioro de las instituciones, a la pérdida de eficacia de los servicios públicos y a la erosión de la confianza de los ciudadanos. Por eso, han vuelto a denunciar «la politización de la Administración y el debilitamiento de los criterios de mérito y capacidad no son cuestiones meramente organizativas: tienen consecuencias reales sobre la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Los graves acontecimientos que estamos viviendo deben servir para reflexionar sobre la necesidad de reforzar nuestras instituciones, sin anticipar responsabilidades ni conclusiones que corresponden a las investigaciones pertinentes», concluyen.
«Tenemos que garantizar que la administración sea neutral con independencia de quien la dirija y plantarnos cuando hay una decisión política que va a ir en contra de los procedimientos legales o de los criterios técnicos». Alto y claro, los altos funcionarios han dicho basta y han decidido plantarse ante los continuos atropellos con los funcionarios públicos por parte del Gobierno, personificado los últimos días en el ministro de Transportes Óscar Puente, tras el accidente de Urda.. El vicepresidente de la federación que agrupa a los altos funcionarios (Fedeca), Víctor Rodríguez, ha pedido a los funcionarios a plantarse cuando una decisión política vaya contra la legalidad o los criterios técnicos. «Los políticos están de paso, pero la administración permanece», ha señalado en el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, en el que ha reiterado que los empleados públicos respetan «el cumplimiento de los procedimientos legales como de los criterios técnicos».. Estas declaraciones han llegado poco antes de un comunidad oficial de Fedeca, que ha ido más lejos y han denunciado que está en juego el buen funcionamiento de nuestras instituciones, por lo que es necesario «garantizar la independencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus responsabilidades técnicas. Las labores de investigación, inspección, supervisión y control deben desarrollarse con absoluta autonomía, sin injerencias políticas ni presiones de ningún tipo. La independencia de criterio de los funcionarios no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía esencial para los ciudadanos, la defensa del interés general y el correcto funcionamiento del Estado de derecho».. Los altos funcionarios del Estado reiteran que «es imprescindible esclarecer con el máximo rigor, transparencia e independencia las causas del trágico accidente ferroviario de Urda pero también del de Adamuz, para ofrecer a la ciudadanía las respuestas que legítimamente reclama y merece, como condición indispensable para preservar la confianza en nuestras instituciones y evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse».. Fedeca lleva años advirtiendo de los riesgos que entraña la creciente politización de puestos de responsabilidad que requieren conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión acreditada. «El acceso a estas responsabilidades no puede responder a criterios de afinidad partidista ni convertirse en una puerta giratoria para el acomodo de cargos políticos, al margen de los principios de mérito y capacidad». Por ello, exigen «la urgente necesidad de profesionalizar la dirección de las administraciones y organismos públicos».. Recuerdan que la «legítima dirección política de la Administración debe ser plenamente compatible con una gestión pública profesional, independiente y sometida a criterios objetivos. Confundir ambas esferas, desplazando el conocimiento y la experiencia profesional en favor de la confianza política, contribuye al deterioro de las instituciones, a la pérdida de eficacia de los servicios públicos y a la erosión de la confianza de los ciudadanos. Por eso, han vuelto a denunciar «la politización de la Administración y el debilitamiento de los criterios de mérito y capacidad no son cuestiones meramente organizativas: tienen consecuencias reales sobre la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Los graves acontecimientos que estamos viviendo deben servir para reflexionar sobre la necesidad de reforzar nuestras instituciones, sin anticipar responsabilidades ni conclusiones que corresponden a las investigaciones pertinentes», concluyen.
