La izquierda ha vuelto a caer en la misma vieja tentación política de confundir el problema con la solución. Si algo escasea, se regula; si sigue escaseando, se regula más; y si finalmente desaparece del mercado, siempre queda la posibilidad de culpar al mercado o a los especuladores. Eso es lo que hace el socio del Gobierno de PSOE, Sumar, que parece dispuesto a llevar esta lógica hasta sus últimas consecuencias con su última propuesta para prohibir que empresas y fondos compren viviendas. Así lo va a defender mañana en una proposición de ley en el Pleno del Congreso. La receta es de todo menos revolucionaria, ya que para conseguir que haya más vivienda asequible, se empieza por decirle a una parte de quienes pueden financiarla que no pueden comprarla ni invertir y, con ello, se reduce la oferta futura y el abanico de opciones. Pero para la izquierda de la izquierda nunca conviene dejar que un detalle tan incómodo como la economía de libre mercado estropee una buena consigna política. Según su criterio, fondos y empresas no compran casas para ejercer el derecho constitucional a una vivienda, sino para obtener beneficios mediante supuestos «movimientos especulativos». Curiosa y discriminatoria distinción. El propietario particular que alquila una vivienda para obtener una rentabilidad parece ser un ciudadano responsable; una empresa que construye, rehabilita, financia o gestiona viviendas pasa a ser, por el mero hecho de tener personalidad jurídica, sospechosa de especulación. El problema es que las viviendas no aparecen por decreto. Hay que construirlas, rehabilitarlas, financiarlas y mantenerlas. Y todo eso requiere capital. Si se convierte la inversión inmobiliaria en una actividad cada vez más arriesgada, imprevisible y fiscalmente castigada, el dinero buscará otros destinos. Y cuando el capital se marcha, la vivienda no se multiplica por generación espontánea. Y la experiencia de los controles de alquiler tampoco han enseñado nada bueno. Cuando se limita artificialmente el precio mientras se endurecen las condiciones para el propietario, una parte de la oferta abandona el mercado. El resultado puede ser exactamente el contrario del perseguido: menos viviendas disponibles y más dificultades para encontrar una. Ahora Sumar propone añadir otro ladrillo al muro: impedir la compra empresarial incluso de promociones nuevas una vez terminadas. Es decir, poner obstáculos al capital que participa en aumentar precisamente la oferta que se necesita. Cuando una ley se basa en vetar a una parte del mercado, no es de facto una buena ley.
Cuando una ley se basa en vetar a una parte del mercado, no es de facto una buena ley
La izquierda ha vuelto a caer en la misma vieja tentación política de confundir el problema con la solución. Si algo escasea, se regula; si sigue escaseando, se regula más; y si finalmente desaparece del mercado, siempre queda la posibilidad de culpar al mercado o a los especuladores. Eso es lo que hace el socio del Gobierno de PSOE, Sumar, que parece dispuesto a llevar esta lógica hasta sus últimas consecuencias con su última propuesta para prohibir que empresas y fondos compren viviendas. Así lo va a defender mañana en una proposición de ley en el Pleno del Congreso. La receta es de todo menos revolucionaria, ya que para conseguir que haya más vivienda asequible, se empieza por decirle a una parte de quienes pueden financiarla que no pueden comprarla ni invertir y, con ello, se reduce la oferta futura y el abanico de opciones. Pero para la izquierda de la izquierda nunca conviene dejar que un detalle tan incómodo como la economía de libre mercado estropee una buena consigna política. Según su criterio, fondos y empresas no compran casas para ejercer el derecho constitucional a una vivienda, sino para obtener beneficios mediante supuestos «movimientos especulativos». Curiosa y discriminatoria distinción. El propietario particular que alquila una vivienda para obtener una rentabilidad parece ser un ciudadano responsable; una empresa que construye, rehabilita, financia o gestiona viviendas pasa a ser, por el mero hecho de tener personalidad jurídica, sospechosa de especulación. El problema es que las viviendas no aparecen por decreto. Hay que construirlas, rehabilitarlas, financiarlas y mantenerlas. Y todo eso requiere capital. Si se convierte la inversión inmobiliaria en una actividad cada vez más arriesgada, imprevisible y fiscalmente castigada, el dinero buscará otros destinos. Y cuando el capital se marcha, la vivienda no se multiplica por generación espontánea. Y la experiencia de los controles de alquiler tampoco han enseñado nada bueno. Cuando se limita artificialmente el precio mientras se endurecen las condiciones para el propietario, una parte de la oferta abandona el mercado. El resultado puede ser exactamente el contrario del perseguido: menos viviendas disponibles y más dificultades para encontrar una. Ahora Sumar propone añadir otro ladrillo al muro: impedir la compra empresarial incluso de promociones nuevas una vez terminadas. Es decir, poner obstáculos al capital que participa en aumentar precisamente la oferta que se necesita. Cuando una ley se basa en vetar a una parte del mercado, no es de facto una buena ley.
