La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 afronta su recta final con profundas discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre las conclusiones que deben extraerse de aquellos hechos.. Junts y ERC pretenden que el informe final recoja la existencia de negligencias o fallos institucionales por parte del Estado en la prevención de los ataques, una tesis que rechazan PSOE, PP y Vox en los documentos de conclusiones registrados ante la comisión.. Los textos, que deberán ser debatidos y votados primero en la propia comisión y posteriormente, en su caso, en el Pleno del Congreso, reflejan visiones muy diferentes sobre la actuación de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas antes y después de los atentados.. La propuesta de Junts sostiene que una parte de la responsabilidad política de los atentados puede atribuirse a una actuación negligente o temeraria de los servicios de inteligencia por no haber esclarecido adecuadamente su relación con Abdelbaki Es Satty, considerado el líder de la célula terrorista.. La formación independentista considera que se ocultó información relevante sobre los vínculos entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sostiene que esa decisión respondió a criterios políticos.. En sus conclusiones, Junts afirma que la investigación judicial no logró resolver todos los interrogantes relacionados con la planificación de los atentados ni con las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de organismos públicos. Por ello, reclama que la Fiscalía impulse nuevas diligencias de investigación y que se haga pública toda la documentación aún clasificada relacionada con el caso. Según dicen, se prefirió poner los «intereses políticos y partidistas» del Gobierno del PP «por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder».. Así, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI «se le fue de las manos» su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el ‘popular’ José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión.. ERC comparte parte de ese diagnóstico, aunque utiliza una formulación más moderada. La formación sostiene que existen indicios de una posible negligencia en la gestión y transmisión de información relacionada con Es Satty y considera que el Estado falló en sus mecanismos de prevención.. Según su propuesta, la falta de intercambio de determinados datos entre organismos de seguridad y los Mossos d’Esquadra constituye un elemento central para entender lo sucedido y pone de manifiesto deficiencias en la coordinación institucional.. Para Esquerra, ese supuesto fallo obliga a asumir responsabilidades políticas y a promover reformas que eviten que una situación similar pueda repetirse en el futuro.. Sumar pide nuevas actuaciones. El grupo plurinacional Sumar también apuesta por profundizar en el esclarecimiento de los hechos, aunque desde una perspectiva centrada en el derecho a la verdad y la transparencia institucional.. Entre sus propuestas figura la desclasificación completa de la documentación relacionada con los atentados y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación.. La formación defiende además la elaboración de un relato institucional y público sobre lo ocurrido que contribuya al reconocimiento de las víctimas, favorezca el cierre social de aquella tragedia y evite la proliferación de teorías conspirativas.. PSOE y PP, mismo criterio. Frente a estas posiciones, PSOE y PP rechazan que la comisión concluya que existieron negligencias por parte de los organismos estatales.. Los socialistas destacan la actuación de los Mossos d’Esquadra durante la gestión de la emergencia y subrayan los avances registrados desde 2017 en materia de coordinación policial e intercambio de información. También apuestan por reforzar los mecanismos de cooperación entre cuerpos de seguridad, servicios penitenciarios y organismos de inteligencia para mejorar la prevención de procesos de radicalización.. Por su parte, el PP admite que la radicalización de los autores de los atentados y la preparación de la célula terrorista pasaron inadvertidas para los distintos organismos competentes, pero considera que ello no puede interpretarse como una actuación negligente.. Los populares sostienen además que Abdelbaki Es Satty no fue colaborador ni confidente de los servicios de inteligencia españoles y rechazan cualquier responsabilidad del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos en la preparación de los atentados.. Asimismo, incorporan a sus conclusiones críticas a la gestión política realizada entonces por el Gobierno catalán y recuerdan la polémica generada en torno a las alertas internacionales sobre un posible atentado en Las Ramblas.. Pese a las diferencias sobre las responsabilidades políticas, la mayoría de grupos coinciden en la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de coordinación entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y administraciones públicas.. También existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de mejorar la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En este ámbito, el PSOE propone revisar la legislación vigente para ampliar la definición legal de víctima y garantizar una protección más inclusiva.. Vox, por su parte, considera que los trabajos de la comisión no han aportado elementos nuevos respecto a las investigaciones judiciales y policiales ya realizadas y concluye que no se ha acreditado ninguna de las sospechas que motivaron su creación.. La votación de las conclusiones, aún pendiente de convocatoria, servirá para determinar qué relato político acaba imponiéndose sobre uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Cataluña y de España.
La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 afronta su recta final con profundas discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre las conclusiones que deben extraerse de aquellos hechos.. Junts y ERC pretenden que el informe final recoja la existencia de negligencias o fallos institucionales por parte del Estado en la prevención de los ataques, una tesis que rechazan PSOE, PP y Vox en los documentos de conclusiones registrados ante la comisión.. Los textos, que deberán ser debatidos y votados primero en la propia comisión y posteriormente, en su caso, en el Pleno del Congreso, reflejan visiones muy diferentes sobre la actuación de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas antes y después de los atentados.. La propuesta de Junts sostiene que una parte de la responsabilidad política de los atentados puede atribuirse a una actuación negligente o temeraria de los servicios de inteligencia por no haber esclarecido adecuadamente su relación con Abdelbaki Es Satty, considerado el líder de la célula terrorista.. La formación independentista considera que se ocultó información relevante sobre los vínculos entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sostiene que esa decisión respondió a criterios políticos.. En sus conclusiones, Junts afirma que la investigación judicial no logró resolver todos los interrogantes relacionados con la planificación de los atentados ni con las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de organismos públicos. Por ello, reclama que la Fiscalía impulse nuevas diligencias de investigación y que se haga pública toda la documentación aún clasificada relacionada con el caso. Según dicen, se prefirió poner los «intereses políticos y partidistas» del Gobierno del PP «por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder».. Así, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI «se le fue de las manos» su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el ‘popular’ José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión.. ERC comparte parte de ese diagnóstico, aunque utiliza una formulación más moderada. La formación sostiene que existen indicios de una posible negligencia en la gestión y transmisión de información relacionada con Es Satty y considera que el Estado falló en sus mecanismos de prevención.. Según su propuesta, la falta de intercambio de determinados datos entre organismos de seguridad y los Mossos d’Esquadra constituye un elemento central para entender lo sucedido y pone de manifiesto deficiencias en la coordinación institucional.. Para Esquerra, ese supuesto fallo obliga a asumir responsabilidades políticas y a promover reformas que eviten que una situación similar pueda repetirse en el futuro.. Sumar pide nuevas actuaciones. El grupo plurinacional Sumar también apuesta por profundizar en el esclarecimiento de los hechos, aunque desde una perspectiva centrada en el derecho a la verdad y la transparencia institucional.. Entre sus propuestas figura la desclasificación completa de la documentación relacionada con los atentados y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación.. La formación defiende además la elaboración de un relato institucional y público sobre lo ocurrido que contribuya al reconocimiento de las víctimas, favorezca el cierre social de aquella tragedia y evite la proliferación de teorías conspirativas.. PSOE y PP, mismo criterio. Frente a estas posiciones, PSOE y PP rechazan que la comisión concluya que existieron negligencias por parte de los organismos estatales.. Los socialistas destacan la actuación de los Mossos d’Esquadra durante la gestión de la emergencia y subrayan los avances registrados desde 2017 en materia de coordinación policial e intercambio de información. También apuestan por reforzar los mecanismos de cooperación entre cuerpos de seguridad, servicios penitenciarios y organismos de inteligencia para mejorar la prevención de procesos de radicalización.. Por su parte, el PP admite que la radicalización de los autores de los atentados y la preparación de la célula terrorista pasaron inadvertidas para los distintos organismos competentes, pero considera que ello no puede interpretarse como una actuación negligente.. Los populares sostienen además que Abdelbaki Es Satty no fue colaborador ni confidente de los servicios de inteligencia españoles y rechazan cualquier responsabilidad del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos en la preparación de los atentados.. Asimismo, incorporan a sus conclusiones críticas a la gestión política realizada entonces por el Gobierno catalán y recuerdan la polémica generada en torno a las alertas internacionales sobre un posible atentado en Las Ramblas.. Pese a las diferencias sobre las responsabilidades políticas, la mayoría de grupos coinciden en la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de coordinación entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y administraciones públicas.. También existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de mejorar la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En este ámbito, el PSOE propone revisar la legislación vigente para ampliar la definición legal de víctima y garantizar una protección más inclusiva.. Vox, por su parte, considera que los trabajos de la comisión no han aportado elementos nuevos respecto a las investigaciones judiciales y policiales ya realizadas y concluye que no se ha acreditado ninguna de las sospechas que motivaron su creación.. La votación de las conclusiones, aún pendiente de convocatoria, servirá para determinar qué relato político acaba imponiéndose sobre uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Cataluña y de España.
Sumar pide, como los independentistas, que se desclasifique toda la documentación al respecto y nuevas diligencias de la Fiscalía
