Resulta, cuando menos, curiosa la coincidencia temporal y argumental de algunas encuestas publicadas en determinados medios de comunicación con los estudios del CIS en torno a la percepción ciudadana de la Justicia y, en particular, sobre la supuesta existencia de lawfare en España. Lo digo con toda prudencia: en modo alguno pongo en cuestión los estudios sociológicos ni pretendo descalificar el trabajo demoscópico. Ese análisis corresponde a los expertos. Bastantes diletantes hay ya en España, especialmente en el mundo de la valoración jurídica, como para que me sume a improvisaciones en terrenos que no me son conocidos. Pero una cosa es respetar el dato sociológico y otra muy distinta aceptar sin más la lectura política que algunos pretenden imponer a partir de él. Cuando se pregunta a los ciudadanos por conceptos tan cargados políticamente como el lawfare, la respuesta puede reflejar muchas cosas: preocupación por la politización de la vida pública, rechazo a la instrumentalización de las instituciones, cansancio ante los escándalos o desconfianza hacia quienes utilizan la Justicia como campo de batalla. Pero en modo alguno supone que los jueces españoles estén participando en una guerra judicial contra nadie. En España puede existir una percepción crítica sobre la lentitud de la Justicia, sobre la politización de determinados órganos constitucionales o sobre el modo en que los partidos comentan, explotan o desacreditan las resoluciones judiciales. Todo eso forma parte del debate público y merece ser analizado con seriedad. Pero de ahí no se sigue que los jueces españoles actúen como instrumentos de persecución política. Esa conclusión no solo es injusta: es profundamente peligrosa. A mi juicio, ocurre lo contrario a lo que algunos sugieren. En España se confía mucho en los jueces. Se confía en el juez que resuelve conflictos de todo tipo, en quien protege a una víctima, en quien controla a la Administración y en quien, cada día, aplica la ley con independencia, discreción y sentido institucional. Es verdad que esa confianza puede verse erosionada cuando la política intenta colonizar el relato judicial, pero eso no significa que la ciudadanía desconfíe de sus jueces; de quienes se desconfía es de quienes pretenden presionarlos, deslegitimarlos o convertirlos en actores de una contienda partidista. La palabra lawfare se ha convertido en una etiqueta cómoda. Sirve para no discutir los hechos, para evitar el análisis jurídico y para sustituir la argumentación por la sospecha; es el chabacano argumento del ramplón. Esa lógica es incompatible con una democracia madura. Los jueces no son infalibles, por supuesto. Sus decisiones pueden ser recurridas, criticadas y revocadas. Pero la crítica jurídica exige rigor: hechos, normas, motivación, precedentes y control jurisdiccional. Lo demás es propaganda, añagaza e interesada maledicencia. Quizá lo que moleste a algunos sea precisamente eso: que, pe
La Justicia molesta a quien vulnera la ley, incumple sus deberes o teme responder por sus actos
Resulta, cuando menos, curiosa la coincidencia temporal y argumental de algunas encuestas publicadas en determinados medios de comunicación con los estudios del CIS en torno a la percepción ciudadana de la Justicia y, en particular, sobre la supuesta existencia de lawfare en España. Lo digo con toda prudencia: en modo alguno pongo en cuestión los estudios sociológicos ni pretendo descalificar el trabajo demoscópico. Ese análisis corresponde a los expertos. Bastantes diletantes hay ya en España, especialmente en el mundo de la valoración jurídica, como para que me sume a improvisaciones en terrenos que no me son conocidos. Pero una cosa es respetar el dato sociológico y otra muy distinta aceptar sin más la lectura política que algunos pretenden imponer a partir de él. Cuando se pregunta a los ciudadanos por conceptos tan cargados políticamente como el lawfare, la respuesta puede reflejar muchas cosas: preocupación por la politización de la vida pública, rechazo a la instrumentalización de las instituciones, cansancio ante los escándalos o desconfianza hacia quienes utilizan la Justicia como campo de batalla. Pero en modo alguno supone que los jueces españoles estén participando en una guerra judicial contra nadie. En España puede existir una percepción crítica sobre la lentitud de la Justicia, sobre la politización de determinados órganos constitucionales o sobre el modo en que los partidos comentan, explotan o desacreditan las resoluciones judiciales. Todo eso forma parte del debate público y merece ser analizado con seriedad. Pero de ahí no se sigue que los jueces españoles actúen como instrumentos de persecución política. Esa conclusión no solo es injusta: es profundamente peligrosa. A mi juicio, ocurre lo contrario a lo que algunos sugieren. En España se confía mucho en los jueces. Se confía en el juez que resuelve conflictos de todo tipo, en quien protege a una víctima, en quien controla a la Administración y en quien, cada día, aplica la ley con independencia, discreción y sentido institucional. Es verdad que esa confianza puede verse erosionada cuando la política intenta colonizar el relato judicial, pero eso no significa que la ciudadanía desconfíe de sus jueces; de quienes se desconfía es de quienes pretenden presionarlos, deslegitimarlos o convertirlos en actores de una contienda partidista. La palabra lawfare se ha convertido en una etiqueta cómoda. Sirve para no discutir los hechos, para evitar el análisis jurídico y para sustituir la argumentación por la sospecha; es el chabacano argumento del ramplón. Esa lógica es incompatible con una democracia madura. Los jueces no son infalibles, por supuesto. Sus decisiones pueden ser recurridas, criticadas y revocadas. Pero la crítica jurídica exige rigor: hechos, normas, motivación, precedentes y control jurisdiccional. Lo demás es propaganda, añagaza e interesada maledicencia. Quizá lo que moleste a algunos sea precisamente eso: que, pe
