La alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dirige a la Junta Central Electoral este viernes. Antes de emitir un veredicto, dado que el órgano no se ha reunido para redactar y enviar una directiva a las oficinas consulares de acuerdo con la orden del Tribunal Supremo de suspender por motivos de precaución, ha declarado su intención de presentar contraargumentos «para evitar que el Gobierno manipule el censo a través de votaciones externas y la ‘ley de los nietos'». A través de este enfoque, el objetivo es limitar los derechos de voto de las personas que ya están incluidas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que adquirieron la ciudadanía a través de la Ley de Memoria Democrática o la ley de los nietos, a menos que proporcionen pruebas de que sus familiares experimentaron el exilio. Se puede encontrar información adicional leyendo más.
La presidenta anuncia alegaciones ante una instrucción que todavía no existe “para garantizar que el Gobierno no manipule el censo”
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La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el camino este viernes a la Junta Electoral Central. Antes de que el organismo se pronuncie, ya que todavía no se ha reunido para elaborar y enviar una instrucción a las oficinas consulares con el fin de que se cumpla la orden del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar, ha avanzado que va a presentar alegaciones “para garantizar que el Gobierno manipule el censo con el voto exterior y la ‘ley de nietos”. De este modo pretende frenar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática o la ley de nietos, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.
Ayuso ha anunciado que su Gobierno presentará alegaciones a una instrucción a los consulados que todavía no se ha producido para exigir que el censo electoral en la región “solo pueda ampliarse con votantes del exterior que acrediten documentalmente” que la última residencia de su ascendiente fue en algún municipio de la Comunidad de Madrid y no se tengan en cuenta conceptos que considera “muy difusos” como el mayor arraigo. Es decir, que no se deje votar aquí a descendientes de exiliados de otras regiones. Y todo esto para “evitar que el Gobierno central manipule” el censo “aplicando esta normativa”.
En la segunda jornada del debate del estado de la región, en la que la oposición le ha pedido cuentas sobre el ático, Ayuso ha dicho: “Anuncio que, constatada esa ilegal alteración del censo electoral que ha promovido el Gobierno central a través de una instrucción ley de nietos, la Comunidad de Madrid va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central”.
La presidenta ha añadido que lo que quiere es que en la elaboración de la instrucción que ha ordenado el Supremo, dirigida a las oficinas consulares, la Junta “establezca que la determinación del municipio de inscripción de las personas que adquieran la nacionalidad española debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente” los criterios que prevé el Estatuto de Autonomía en su artículo 7.3, que reconoce como madrileños a “los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España”. El texto añade que “gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado”.
“No deberán tenerse en cuenta otros criterios distintos como los establecidos por el Acuerdo de la Junta Electoral Central en relación con la ley de nietos con conceptos indeterminados como los de ‘mayor arraigo’, que irían en contra de nuestro Estatuto de Autonomía”, ha rematado la presidenta.
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El presidente declara acusaciones antes de la introducción de una directiva inexistente para garantizar que el gobierno evite manipular los datos del censo.
