El Sindicato de Cuentas ha aumentado la deuda con la Comunidad Valenciana a 1,172 millones, debido a la atención médica prestada a personas asociadas o reubicadas entre 2013 y 2024. «Los principios de equidad, unidad y apoyo mutuo no se mantienen en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), con la Comunidad Valenciana siendo afectada desproporcionadamente», afirma la agencia. Puede encontrar más información en…
La Sindicatura de Comptes eleva a 1.172 millones la deuda a favor de la Comunidad Valenciana por la atención sanitaria que ha prestado a personas derivadas o desplazadas durante los años 2013 a 2024. “No se cumplen los principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con especial perjuicio a la Comunidad Valenciana”, apunta el organismo.
Es la conclusión general de la auditoría operativa realizada por la Sindicatura sobre la compensación de los gastos ocasionados por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas a la Comunidad Valenciana para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema vigente de compensación.
Esta compensación se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras autonomías y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras comunidades autónomas).
La sindicatura apunta a que “no resultan eficaces ni eficientes los procedimientos de compensación establecidos en la normativa de estos fondos ni en los reglamentos europeos”. Y añade que el sistema “depende de la voluntad de pago” de las comunidades autónomas y países deudores, y “no existe un mecanismo coercitivo como la obligatoriedad del pago de intereses de demora”.
Además, el Ministerio de Hacienda “no ha efectuado anualmente las preceptivas deducciones del sistema de financiación autonómica y del régimen foral a las comunidades deudoras, al no establecer el procedimiento necesario para 2023”. De hecho, señala que en julio de 2025 ha compensado con “notable retraso” las del periodo 2013-2023 “si bien quedan 19,4 millones de euros pendientes de pago a la Comunidad Valenciana de las liquidaciones de 2013-2024”.
Además, apunta a que “la falta de desarrollo reglamentario del FOGA desde 2012 supone que no se hayan compensado todos los gastos sanitarios -798,9 millones de euros no compensados- y que “no se ha compensado por todos los gastos sanitarios de personas desplazadas de otras comunidades autónomas”. Advierte también de que “no se incluye la atención especializada no programada ni las urgencias”.
La Sindicatura apunta que la Comunidad Valenciana es “la de mayor saldo a cobrar en atención primaria de todas las CCAA”: “No se han compensado 23,1 millones de julio de 2012 a diciembre de 2013 y además, en los gastos compensados se aplican unas tarifas desactualizadas desde 2014”.
Constata además que el Ministerio de Sanidad “deduce, respectivamente, el 20% y el 40% de las asistencias entre las CCAA en el FCS y el FOGA, excepto gasto farmacéutico, sin justificación técnica acreditada, tal como ya informó el Tribunal de Cuentas (5,7 millones y 67,8 millones, respectivamente, no compensados a la Comunidad)”.
También detecta que en los centros, unidades y servicios de referencia del Servicio Nacional de Salud “no se cubren todos los tratamientos y pruebas, sino que solo son facturables los previstos en la normativa para los centros debidamente acreditados” y que la compensación de gastos sanitarios de pacientes extranjeros “no es eficaz ni eficiente, siendo la Comunidad Valenciana la más perjudicada”.
Acoge más de un tercio de residentes extranjeros
Del mismo modo, subraya que la Comunidad acoge a más de un tercio de los residentes extranjeros y es la comunidad con mayor facturación a los no residentes. No obstante, la efectividad de la compensación entre países europeos “depende de la eficacia de las gestiones de cobro del INSS y la voluntad de pago de los países deudores: el devengo de intereses de demora es opcional y en supuestos restrictivos, y no son obligatorios los acuerdos de agilización de pagos”. Además, ve “muy largos” los plazos de pago previstos en la normativa europea.
Remarca también que existen saldos pendientes de cobro “significativos” a favor de España del periodo 2013-2024 de países europeos, 700 millones (resaltan Reino Unido, Francia, Alemania y significativamente Portugal), y de los países con convenios bilaterales, 28,7 millones (Andorra, Chile, Marruecos, Brasil, Ecuador y Perú). De estos saldos, apunta que corresponderían a la Comunidad Valenciana 257,1 millones que no se le han compensado.
Puntualiza además que la Generalitat Valenciana factura por gasto real a extranjeros no residentes según sus tasas sanitarias, que, en determinados procesos, están “desactualizadas y son inferiores a otras CCAA que utilizan la figura jurídica de precios públicos”.
La Sindicatura recoge en su informe que la Consejería de Sanidad, con la autorización del Consell, así como el presidente de la Generalitat, “reclaman anualmente la falta de compensación”, si bien recomienda “una acción que pueda resultar más eficaz” y recuerda que la última contestación del Estado es del año 2022. También considera que “se debe mejorar” el control de la Sanidad de los costes sanitarios para el acceso a los servicios sanitarios de personas no acreditadas.
El informe también concluye que la Comunidad Valenciana ha asumido “inadecuadamente” 80,6 millones que no se han llegado a facturar entre 2012 y 2024 y que no se compensan por el FCS y el FOGA, y que se ha facturado a pacientes privados 67,1 millones entre 2012 y 2024, si bien está pendiente de cobro un 56,1%.
La organización afirma que «los principios de equidad, unidad y camaradería no se adhieren» con «daño claro» a la Generalitat.
