Ala espera del eclipse solar de mañana, el Gobierno sigue «eclipsado» ante la situación creada en Ceuta por la masiva invasión de 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. Es evidente que mantener una buena relación con el reino alauita es de interés estratégico para España, pero eso no significa sumisión, sino desarrollar una adecuada cooperación bilateral, basada en una estrecha confianza y respeto mutuos. La gestión de este muy grave suceso por parte del sanchismo ha sido tan lamentable como impropia de la respuesta exigida por la comisión de una grave violación a nuestra integridad territorial, como Sánchez la definió. Ante la cual, pone el foco en Italia para presuntamente defender el derecho nacional a la libre circulación en el espacio Schengen, limitándosela a los turistas y viajeros transalpinos. En realidad, se fija en Giorgia Meloni –que para él es una gran representante de la “ultraderecha” a la que se opone– para contentar a sus socios y aliados del «progresista» Frente Popular gubernamental, en lugar de hacerlo con Marruecos. Lo cual es un gesto de sumisión solo entendible por la hipótesis de la información confidencial vinculada al caso Pegasus. Y que ha llevado a que Vox plantee nada menos que la activación de la previsión recogida en el artículo 102 de la Constitución, por un «delito de traición o contra la seguridad del Estado», por parte del presidente del Gobierno, algo nunca visto en España. Otra consecuencia de lo sucedido es la crisis de la actividad económica empresarial en Ceuta, que se ha visto totalmente afectada por la invasión del 30 de julio, estimando la Cámara de Comercio en unos 28 millones de euros las pérdidas producidas. Entre tanto, han saltado alarmas ante el anuncio de la convocatoria para una nueva invasión similar a la anterior, para este sábado día 15 de agosto. Lo que ha motivado la limitación o retirada de permisos tanto para los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Ceuta como para los efectivos militares destinados en la ciudad autónoma. Incluso se han detectado intentos de entrada en territorio nacional mediante el uso del parapente, y uno de los cuales ha resultado accidentado mortalmente. Se alega que resultaría tan aplicable el Fallo del Tribunal Supremo a los que acceden a nado sin obstáculo que se lo impida, como a los que lo hagan por el aire sin obstáculos aéreos con la misma finalidad. Lo que en cualquier caso debe quedar claro es que Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad española, sea peninsular o insular. Y que no son ni los padres ni los tutores de los menores irregulares.
La gestión de este muy grave suceso por parte del sanchismo ha sido tan lamentable como impropia de la respuesta exigida por la comisión de una grave violación a nuestra integridad territorial
Ala espera del eclipse solar de mañana, el Gobierno sigue «eclipsado» ante la situación creada en Ceuta por la masiva invasión de 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. Es evidente que mantener una buena relación con el reino alauita es de interés estratégico para España, pero eso no significa sumisión, sino desarrollar una adecuada cooperación bilateral, basada en una estrecha confianza y respeto mutuos. La gestión de este muy grave suceso por parte del sanchismo ha sido tan lamentable como impropia de la respuesta exigida por la comisión de una grave violación a nuestra integridad territorial, como Sánchez la definió. Ante la cual, pone el foco en Italia para presuntamente defender el derecho nacional a la libre circulación en el espacio Schengen, limitándosela a los turistas y viajeros transalpinos. En realidad, se fija en Giorgia Meloni –que para él es una gran representante de la “ultraderecha” a la que se opone– para contentar a sus socios y aliados del «progresista» Frente Popular gubernamental, en lugar de hacerlo con Marruecos. Lo cual es un gesto de sumisión solo entendible por la hipótesis de la información confidencial vinculada al caso Pegasus. Y que ha llevado a que Vox plantee nada menos que la activación de la previsión recogida en el artículo 102 de la Constitución, por un «delito de traición o contra la seguridad del Estado», por parte del presidente del Gobierno, algo nunca visto en España. Otra consecuencia de lo sucedido es la crisis de la actividad económica empresarial en Ceuta, que se ha visto totalmente afectada por la invasión del 30 de julio, estimando la Cámara de Comercio en unos 28 millones de euros las pérdidas producidas. Entre tanto, han saltado alarmas ante el anuncio de la convocatoria para una nueva invasión similar a la anterior, para este sábado día 15 de agosto. Lo que ha motivado la limitación o retirada de permisos tanto para los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Ceuta como para los efectivos militares destinados en la ciudad autónoma. Incluso se han detectado intentos de entrada en territorio nacional mediante el uso del parapente, y uno de los cuales ha resultado accidentado mortalmente. Se alega que resultaría tan aplicable el Fallo del Tribunal Supremo a los que acceden a nado sin obstáculo que se lo impida, como a los que lo hagan por el aire sin obstáculos aéreos con la misma finalidad. Lo que en cualquier caso debe quedar claro es que Ceuta y Melilla son tan españolas como cualquier otra ciudad española, sea peninsular o insular. Y que no son ni los padres ni los tutores de los menores irregulares.
