Presenta en el Parlamento Europeo un informe que destapa el «déficit crónico de personal, la vulneración de derechos de los funcionarios y una sobrecarga inasumible de trabajo», agravado por la invasión de inmigrantes
CSIF ha presentado ante el Parlamento Europeo una reclamación para que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la Administración Central en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar «si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión». Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, ha mantenido una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para analizar -entre otras cuestiones- los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma, entendiendo que el reglamento europeo «no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España».. El sindicato mayoritario en la Administración General del Estado considera que no se trata de una «insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y una falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de los empleados públicos». Así, entienden que se habría vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, además de una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schenge, sobre ‘Screening’ -vulneración del plazo de tres días para concluir el triaje- o el Reglamento Frontex.. Entre las cuestiones que ha solicitado que deben analizarse, se encuentran «si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera; si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno; si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta».. El informe de CSIF advierte de que la «degradación de los servicios» constituye una «vulneración de los estándares operativos» de la UE por parte del Gobierno español, exponiendo a los empleados públicos «a condiciones de extrema precariedad», destacando una sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial; incremento inasumible de la carga de trabajo; falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física; incremento de la carga de trabajo del personal de prisiones por el incremento progresivo de la población reclusa, que amenaza con desbordar la capacidad operativa del centro penitenciario; falta de planificación de refuerzos policiales y docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral; con el personal de Salvamento Marítimo y bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal y hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.. Entre las actuaciones administrativas que han sido objeto de queja y sobre las que piden su investigación destacan que, durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, «se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario»; que se ha tenido un déficit dimensionamiento de la relación de puestos de trabajo y se ha cronificado el problema de las vacantes; las necesidades de personal vigentes en Ceuta se encuentran «desactualizadas y deliberadamente infradimensionadas, «ignorando la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios, y recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales».
CSIF ha presentado ante el Parlamento Europeo una reclamación para que inicie una investigación sobre la legalidad de los protocolos y actuaciones de la Administración Central en la crisis que se vive en Ceuta, con el fin de determinar «si se ha producido una vulneración del Derecho de la Unión». Una delegación del sindicato, encabezada por su presidente, Miguel Borra, ha mantenido una ronda de contactos con funcionarios de la Comisión para analizar -entre otras cuestiones- los hechos ocurridos en la Ciudad Autónoma, entendiendo que el reglamento europeo «no se está aplicando debidamente por la insuficiencia de recursos disponibles para garantizar, ante una situación de presión migratoria extraordinaria, el funcionamiento adecuado de las obligaciones de España».. El sindicato mayoritario en la Administración General del Estado considera que no se trata de una «insuficiencia coyuntural de recursos, sino una deficiencia estructural y una falta de planificación que implica el incumplimiento de nuestras obligaciones europeas respecto a la protección de los empleados públicos». Así, entienden que se habría vulnerado varios preceptos jurídicos como la Carta de Derechos Fundamentales sobre condiciones de trabajo, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud, sobre Riesgos Biológicos y sobre Ordenación del tiempo de trabajo, además de una posible vulneración de los reglamentos sobre el Códigos de Fronteras Schenge, sobre ‘Screening’ -vulneración del plazo de tres días para concluir el triaje- o el Reglamento Frontex.. Entre las cuestiones que ha solicitado que deben analizarse, se encuentran «si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar un control eficaz de la frontera; si se han aplicado correctamente las obligaciones europeas de identificación y lo procedimientos europeos de frontera asilo y retorno; si existe una insuficiencia estructural de recursos, así como los recursos destinados a Ceuta».. El informe de CSIF denuncia que la «degradación de los servicios» constituye una «vulneración de los estándares operativos» de la UE por parte del Gobierno español, exponiendo a los empleados públicos «a condiciones de extrema precariedad», destacando una sobrecarga extrema en la red hospitalaria y servicios forenses; carencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de fallecidos y personas sin triaje médico inicial; incremento inasumible de la carga de trabajo; falta de seguridad en los actos de comunicación fuera de la sede judicial, dejando a los funcionarios en situación de indefensión física; incremento de la carga de trabajo del personal de prisiones por el incremento progresivo de la población reclusa, que amenaza con desbordar la capacidad operativa del centro penitenciario; falta de planificación de refuerzos policiales y docentes ni adecuación de infraestructuras para garantizar la seguridad laboral; con el personal de Salvamento Marítimo y bomberos al límite del agotamiento psíquico tras rescates masivos en el Tarajal y hacinamiento crítico en centros de menores que compromete la integridad física de las plantillas.. Entre las actuaciones administrativas que han sido objeto de queja y sobre las que piden su investigación destacan que, durante la gestión operativa de este suceso por parte de las autoridades competentes, «se adoptaron medidas y ejecutaron procedimientos administrativos que generan serias dudas sobre su conformidad con el derecho comunitario»; que se ha tenido un déficit dimensionamiento de la relación de puestos de trabajo y se ha cronificado el problema de las vacantes; las necesidades de personal vigentes en Ceuta se encuentran «desactualizadas y deliberadamente infradimensionadas, «ignorando la realidad geoestratégica y de frontera de la plaza, manteniendo decenas de plaza dotadas presupuestariamente pero sistemáticamente vacantes sin convocar mediante procesos selectivos ordinarios, y recurriendo a una utilización abusiva de la temporalidad para cubrir déficits estructurales».
