El Congreso de los Diputados aprobó este mes la pasarela que permitirá a miles de mutualistas trasladar sus cotizaciones al sistema público de pensiones. Pero 47.000 de ellos, según las cifras del propio Gobierno, se quedaron fuera. No por olvido, sino por decisión. Una decisión que en una sociedad tan envejecida como la española tiene un coste que va mucho más allá del drama individual. El pleno aprobó la proposición de ley sobre mutualidades con 180 votos a favor y 168 abstenciones. La clave fue la incorporación de la enmienda 47, impulsada por el PP, que elimina varios de los requisitos que dejaban fuera a una parte importante de los afectados y amplía el acceso a la pasarela a mutualistas mayores de 52 años, que podrán computar cada mes cotizado en la mutualidad como un mes en el RETA. La enmienda logró el respaldo suficiente para salir adelante, aunque el Gobierno había vetado previamente la fórmula más amplia alegando un impacto presupuestario de 5.200 millones de euros. El resultado beneficia a los mutualistas activos, pero deja en una posición más débil a los pasivos, es decir, a quienes ya están jubilados. El núcleo del problema es que no todos los mutualistas tienen la misma trayectoria laboral ni el mismo momento de acceso a la jubilación. La ley se orienta a un perfil concreto, el de los profesionales aún en activo que pueden transferir derechos al sistema público antes de jubilarse, mientras quienes ya han salido del mercado laboral se quedan sin un mecanismo equivalente. Esa asimetría explica la sensación de agravio entre quienes ven cómo otros profesionales en situaciones similares sí acceden a la mejora. El impacto de una pensión baja no acaba en el drama individual. Se traduce en menos consumo local, más dependencia familiar y más presión sobre ayudas públicas complementarias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto bruto en pensiones se sitúa en torno al 14,6% del PIB de media en el periodo 2022-2050, y advierte de que el sistema seguirá bajo tensión por el aumento del número de pensionistas y de la cuantía media de las nuevas prestaciones. Las pensiones no son solo una partida social: son una de las mayores transferencias de renta de la economía española y sostienen la demanda interna en barrios y municipios enteros, especialmente en las zonas más envejecidas. Cuando una pensión es demasiado baja, el efecto se extiende a la economía por varias vías. La primera es la reducción de la capacidad de gasto de hogares que suelen consumir casi todo lo que ingresan, de modo que cada euro perdido en renta disponible se nota de inmediato en comercios y servicios de proximidad. La segunda es el aumento de la probabilidad de ayudas familiares, bonificaciones o subsidios complementarios, que desplazan parte del coste al resto del sistema público. La tercera es que una brecha persistente entre pensiones mínimas y pensiones reales agrava las desigualdade
El impacto de una pensión baja no acaba en el drama individual. Se traduce en menos consumo local, más dependencia familiar y más presión sobre ayudas públicas complementarias
El Congreso de los Diputados aprobó este mes la pasarela que permitirá a miles de mutualistas trasladar sus cotizaciones al sistema público de pensiones. Pero 47.000 de ellos, según las cifras del propio Gobierno, se quedaron fuera. No por olvido, sino por decisión. Una decisión que en una sociedad tan envejecida como la española tiene un coste que va mucho más allá del drama individual.El pleno aprobó la proposición de ley sobre mutualidades con 180 votos a favor y 168 abstenciones. La clave fue la incorporación de la enmienda 47, impulsada por el PP, que elimina varios de los requisitos que dejaban fuera a una parte importante de los afectados y amplía el acceso a la pasarela a mutualistas mayores de 52 años, que podrán computar cada mes cotizado en la mutualidad como un mes en el RETA. La enmienda logró el respaldo suficiente para salir adelante, aunque el Gobierno había vetado previamente la fórmula más amplia alegando un impacto presupuestario de 5.200 millones de euros.El resultado beneficia a los mutualistas activos, pero deja en una posición más débil a los pasivos, es decir, a quienes ya están jubilados. El núcleo del problema es que no todos los mutualistas tienen la misma trayectoria laboral ni el mismo momento de acceso a la jubilación. La ley se orienta a un perfil concreto, el de los profesionales aún en activo que pueden transferir derechos al sistema público antes de jubilarse, mientras quienes ya han salido del mercado laboral se quedan sin un mecanismo equivalente. Esa asimetría explica la sensación de agravio entre quienes ven cómo otros profesionales en situaciones similares sí acceden a la mejora.El impacto de una pensión baja no acaba en el drama individual. Se traduce en menos consumo local, más dependencia familiar y más presión sobre ayudas públicas complementarias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el gasto bruto en pensiones se sitúa en torno al 14,6% del PIB de media en el periodo 2022-2050, y advierte de que el sistema seguirá bajo tensión por el aumento del número de pensionistas y de la cuantía media de las nuevas prestaciones. Las pensiones no son solo una partida social: son una de las mayores transferencias de renta de la economía española y sostienen la demanda interna en barrios y municipios enteros, especialmente en las zonas más envejecidas.Cuando una pensión es demasiado baja, el efecto se extiende a la economía por varias vías. La primera es la reducción de la capacidad de gasto de hogares que suelen consumir casi todo lo que ingresan, de modo que cada euro perdido en renta disponible se nota de inmediato en comercios y servicios de proximidad. La segunda es el aumento de la probabilidad de ayudas familiares, bonificaciones o subsidios complementarios, que desplazan parte del coste al resto del sistema público. La tercera es que una brecha persistente entre pensiones mínimas y pensiones reales agrava las desigualdades te