El Ejecutivo compromete 615 millones para estabilizar el sistema eléctrico con compensadores síncronos y otros dispositivos sin la certeza de que una mejor planificación ahorre esos costes
El Gobierno ha abierto el grifo de las redes eléctricas: 17.900 millones extra para corregir el cuello de botella de la transición energética después de constatar que producir electricidad limpia no es suficiente si el sistema no dispone de una red capaz de transportarla, gestionarla y entregarla allí donde la economía la necesita. El colapso en el que está sumidoEl Consejo de Ministros ha aprobado un paquete regulatorio que permitirá movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales en redes eléctricas de transporte y distribución hasta 2030, una decisión que supone uno de los mayores impulsos inversores en infraestructuras energéticas de la última década.La medida llega después de que el propio Gobierno admita que los actuales límites regulatorios de inversión -un 0,065% del PIB para las redes de transporte y un 0,13% para las redes de distribución- se han quedado claramente insuficientes para afrontar la electrificación de la economía, el crecimiento de la demanda industrial y el enorme volumen de solicitudes de acceso pendientes.La cifra global es todavía más significativa: si se suman estas inversiones extraordinarias a las inversiones ordinarias permitidas por el sistema eléctrico, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que el esfuerzo total en redes podría superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década.La cuestión es si España está anticipándose al futuro o está pagando ahora el coste de haber llegado tarde a una consolidación de la red que debía soportar la electrificación.Durante años, el debate energético español se ha concentrado en aumentar la capacidad renovable. España se convirtió en una potencia solar y eólica, pero el crecimiento de la generación no siempre fue acompañado por una evolución equivalente de las infraestructuras necesarias para absorberla.El resultado es un país con una enorme capacidad de producir energía renovable lleno de dificultades para conectar nuevos proyectos industriales, centros de datos, electrificación del transporte o nuevos consumos asociados a la descarbonización.El propio Ministerio reconoce que las necesidades detectadas durante la elaboración de la planificación eléctrica con horizonte 2030 han superado las previsiones iniciales y han obligado a elevar el volumen de inversión autorizado.La red eléctrica se ha convertido así en el factor limitante de la nueva economía electrificada. Sin red no hay industria, sin capacidad de conexión no hay inversión y sin infraestructuras adecuadas la transición energética corre el riesgo de convertirse en una promesa más lenta y más cara.El nuevo marco permitirá inversiones adicionales tanto en distribución como en transporte. En las redes de distribución, gestionadas principalmente por compañías como Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, se habilitarán hasta 10.200 millones de euros adicionales: 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.
El Gobierno ha abierto el grifo de las redes eléctricas: 17.900 millones extra para corregir el cuello de botella de la transición energética después de constatar que producir electricidad limpia no es suficiente si el sistema no dispone de una red capaz de transportarla, gestionarla y entregarla allí donde la economía la necesita. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete regulatorio que permitirá movilizar hasta 17.900 millones de euros adicionales en redes eléctricas de transporte y distribución hasta 2030, una decisión que supone uno de los mayores impulsos inversores en infraestructuras energéticas de la última década. La medida llega después de que el propio Gobierno admita que los actuales límites regulatorios de inversión -un 0,065% del PIB para las redes de transporte y un 0,13% para las redes de distribución- se han quedado claramente insuficientes para afrontar la electrificación de la economía, el crecimiento de la demanda industrial y el enorme volumen de solicitudes de acceso pendientes. La cifra global es todavía más significativa: si se suman estas inversiones extraordinarias a las inversiones ordinarias permitidas por el sistema eléctrico, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que el esfuerzo total en redes podría superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década. La cuestión es si España está anticipándose al futuro o está pagando ahora el coste de haber llegado tarde a una consolidación de la red que debía soportar la electrificación. Durante años, el debate energético español se ha concentrado en aumentar la capacidad renovable. España se convirtió en una potencia solar y eólica, pero el crecimiento de la generación no siempre fue acompañado por una evolución equivalente de las infraestructuras necesarias para absorberla. El resultado es un país con una enorme capacidad de producir energía renovable lleno de dificultades para conectar nuevos proyectos industriales, centros de datos, electrificación del transporte o nuevos consumos asociados a la descarbonización. El propio Ministerio reconoce que las necesidades detectadas durante la elaboración de la planificación eléctrica con horizonte 2030 han superado las previsiones iniciales y han obligado a elevar el volumen de inversión autorizado. La red eléctrica se ha convertido así en el factor limitante de la nueva economía electrificada. Sin red no hay industria, sin capacidad de conexión no hay inversión y sin infraestructuras adecuadas la transición energética corre el riesgo de convertirse en una promesa más lenta y más cara. El nuevo marco permitirá inversiones adicionales tanto en distribución como en transporte. En las redes de distribución, gestionadas principalmente por compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, se habilitarán hasta 10.200 millones de euros adicionales: 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. Est
