España se perfila como líder del desarrollo del sector de los centros de datos en el sur de Europa, pero el fuerte interés de la industria abre también un interrogante sobre la capacidad del país para asumir su consumo de agua en una situación de creciente estrés hídrico en todo el continente.
En plena expansión de los centros de datos, España ultima un Real Decreto que introduce requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estas instalaciones, un proceso que no ha estado exento de críticas por parte de patronal, administraciones autonómicas, asociaciones y organizaciones ecologistas.
Paralelamente, el pasado mes de junio la Comisión Europea presentaba la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés), la cual pretende triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5 a 7 años.
La norma propone además «acelerar la concesión de permisos» y «mejorar el acceso a recursos clave» como la energía, el suelo o el agua.
En este contexto, la Agencia Europea del Medioambiente (EEA, por sus siglas en inglés) advierte de la huella hídrica de estas infraestructuras, asociada principalmente a la generación de la electricidad que la alimenta, pero que comprende también su refrigeración y la fabricación de semiconductores.
Para la asociación española de centros de datos Spain DC, «el crecimiento de la capacidad digital no implica un crecimiento proporcional del consumo de agua», ya que las nuevas tecnologías permiten adaptar los procesos de consumo a las condiciones de cada instalación.
En declaraciones a EFE, la asociación considera que el margen de reducción está principalmente en la refrigeración y apuesta por tecnologías como la refrigeración seca, los circuitos cerrados, el ‘free cooling’ o el agua regenerada.
«Más que de sacrificios, hablamos de buscar el equilibrio óptimo entre consumo de agua y eficiencia energética», explican.
No obstante, Spain DC reconoce que algunas de las alternativas como la refrigeración seca pueden requerir más electricidad durante episodios de calor extremo (cada vez más frecuentes) y apuesta por sistemas híbridos para encontrar el equilibrio.
Por ello la asociación defiende que la disponibilidad del agua sea criterio relevante para elegir la ubicación de los centros, pero no un «veto territorial».
«La localización depende también de la disponibilidad de energía, la capacidad de la red eléctrica, la conectividad, el clima o las necesidades de los clientes», sostienen.
Greenpeace considera «totalmente incompatibles» la expansión de los centros de datos prevista y la situación hídrica europea, especialmente en el sur.
«Triplicar la capacidad de los centros de datos en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa es un despropósito ambiental y una irresponsabilidad social», señalan en una entrevista con EFE el experto en aguas de Greenpeace Julio Barea y la responsable de Energía y Clima, María Prado.
La organización reclama que los proyectos incorporen una evaluación de su impacto sobre el balance hídrico para priorizar «el consumo y los caudales ecológicos» frente a otros usos.
Para Greenpeace, además, mejorar la eficiencia de la instalación no garantiza una reducción de la presión total sobre el agua si el número de centros y la «demanda computacional» continúan en aumento.
«No es un riesgo, es una realidad documentada por la ONU mediante la paradoja de Jevons, o efecto rebote», advierte la organización, que teme que el ahorro conseguido mediante nuevas tecnologías termine siendo absorbido por el crecimiento del sector.
España se perfila como líder del desarrollo del sector de los centros de datos en el sur de Europa, pero el fuerte interés de la industria abre también un interrogante sobre la capacidad del país para asumir su consumo de agua en una situación de creciente estrés hídrico en todo el continente.. En plena expansión de los centros de datos, España ultima un Real Decreto que introduce requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estas instalaciones, un proceso que no ha estado exento de críticas por parte de patronal, administraciones autonómicas, asociaciones y organizaciones ecologistas.. Paralelamente, el pasado mes de junio la Comisión Europea presentaba la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés), la cual pretende triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5 a 7 años.. La norma propone además «acelerar la concesión de permisos» y «mejorar el acceso a recursos clave» como la energía, el suelo o el agua.. En este contexto, la Agencia Europea del Medioambiente (EEA, por sus siglas en inglés) advierte de la huella hídrica de estas infraestructuras, asociada principalmente a la generación de la electricidad que la alimenta, pero que comprende también su refrigeración y la fabricación de semiconductores.. Para la asociación española de centros de datos Spain DC, «el crecimiento de la capacidad digital no implica un crecimiento proporcional del consumo de agua», ya que las nuevas tecnologías permiten adaptar los procesos de consumo a las condiciones de cada instalación.. En declaraciones a EFE, la asociación considera que el margen de reducción está principalmente en la refrigeración y apuesta por tecnologías como la refrigeración seca, los circuitos cerrados, el ‘free cooling’ o el agua regenerada.. «Más que de sacrificios, hablamos de buscar el equilibrio óptimo entre consumo de agua y eficiencia energética», explican.. No obstante, Spain DC reconoce que algunas de las alternativas como la refrigeración seca pueden requerir más electricidad durante episodios de calor extremo (cada vez más frecuentes) y apuesta por sistemas híbridos para encontrar el equilibrio.. Por ello la asociación defiende que la disponibilidad del agua sea criterio relevante para elegir la ubicación de los centros, pero no un «veto territorial».. «La localización depende también de la disponibilidad de energía, la capacidad de la red eléctrica, la conectividad, el clima o las necesidades de los clientes», sostienen.. Greenpeace considera «totalmente incompatibles» la expansión de los centros de datos prevista y la situación hídrica europea, especialmente en el sur.. «Triplicar la capacidad de los centros de datos en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa es un despropósito ambiental y una irresponsabilidad social», señalan en una entrevista con EFE el experto en aguas de Greenpeace Julio Barea y la responsable de Energía y Clima, María Prado.. La organización reclama que los proyectos incorporen una evaluación de su impacto sobre el balance hídrico para priorizar «el consumo y los caudales ecológicos» frente a otros usos.. Para Greenpeace, además, mejorar la eficiencia de la instalación no garantiza una reducción de la presión total sobre el agua si el número de centros y la «demanda computacional» continúan en aumento.. «No es un riesgo, es una realidad documentada por la ONU mediante la paradoja de Jevons, o efecto rebote», advierte la organización, que teme que el ahorro conseguido mediante nuevas tecnologías termine siendo absorbido por el crecimiento del sector.
España se perfila como líder del desarrollo del sector en el sur de Europa
España se perfila como líder del desarrollo del sector de los centros de datos en el sur de Europa, pero el fuerte interés de la industria abre también un interrogante sobre la capacidad del país para asumir su consumo de agua en una situación de creciente estrés hídrico en todo el continente.. En plena expansión de los centros de datos, España ultima un Real Decreto que introduce requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para estas instalaciones, un proceso que no ha estado exento de críticas por parte de patronal, administraciones autonómicas, asociaciones y organizaciones ecologistas.. Paralelamente, el pasado mes de junio la Comisión Europea presentaba la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés), la cual pretende triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de 5 a 7 años.. La norma propone además «acelerar la concesión de permisos» y «mejorar el acceso a recursos clave» como la energía, el suelo o el agua.. En este contexto, la Agencia Europea del Medioambiente (EEA, por sus siglas en inglés) advierte de la huella hídrica de estas infraestructuras, asociada principalmente a la generación de la electricidad que la alimenta, pero que comprende también su refrigeración y la fabricación de semiconductores.. Para la asociación española de centros de datos Spain DC, «el crecimiento de la capacidad digital no implica un crecimiento proporcional del consumo de agua», ya que las nuevas tecnologías permiten adaptar los procesos de consumo a las condiciones de cada instalación.. En declaraciones a EFE, la asociación considera que el margen de reducción está principalmente en la refrigeración y apuesta por tecnologías como la refrigeración seca, los circuitos cerrados, el ‘free cooling’ o el agua regenerada.. «Más que de sacrificios, hablamos de buscar el equilibrio óptimo entre consumo de agua y eficiencia energética», explican.. No obstante, Spain DC reconoce que algunas de las alternativas como la refrigeración seca pueden requerir más electricidad durante episodios de calor extremo (cada vez más frecuentes) y apuesta por sistemas híbridos para encontrar el equilibrio.. Por ello la asociación defiende que la disponibilidad del agua sea criterio relevante para elegir la ubicación de los centros, pero no un «veto territorial».. «La localización depende también de la disponibilidad de energía, la capacidad de la red eléctrica, la conectividad, el clima o las necesidades de los clientes», sostienen.. Greenpeace considera «totalmente incompatibles» la expansión de los centros de datos prevista y la situación hídrica europea, especialmente en el sur.. «Triplicar la capacidad de los centros de datos en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa es un despropósito ambiental y una irresponsabilidad social», señalan en una entrevista con EFE el experto en aguas de Greenpeace Julio Barea y la responsable de Energía y Clima, María Prado.. La organización reclama que los proyectos incorporen una evaluación de su impacto sobre el balance hídrico para priorizar «el consumo y los caudales ecológicos» frente a otros usos.. Para Greenpeace, además, mejorar la eficiencia de la instalación no garantiza una reducción de la presión total sobre el agua si el número de centros y la «demanda computacional» continúan en aumento.. «No es un riesgo, es una realidad documentada por la ONU mediante la paradoja de Jevons, o efecto rebote», advierte la organización, que teme que el ahorro conseguido mediante nuevas tecnologías termine siendo absorbido por el crecimiento del sector.
