El problema, lo sabemos bien, no termina cuando un incendio forestal se da por extinguido y los bomberos se retiran. No solo por aquello de que «los fuegos de verano se apagan en invierno» y hay que invertir en gestión forestal y prevención, si no por lo que todo ese monte ya quemado supone de peligro para la biodiversidad y para la vida de las personas. Las lluvias posteriores a los incendios arrastran cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo la calidad del agua e incluso la salud de las personas. Y no solo la salud. Las lluvias torrenciales, todo el agua que baja sin control ladera abajo, arrastrando ese sedimento provoca desbordamiento de ríos que, desgraciadamente este verano acabaron en tragedia. Ocurrió en Manzanedo de Valdueza, en la comarca leonesa de El Bierzo, una de las zonas más castigadas por los incendios del año pasado. Dos mujeres perdieron la vida tras ser arrastradas por la riada, derivada de aquellos fuegos y la nula gestión posterior.
Según un informe publicado esta semana por Greenpeace, es en las primeras semanas tras un incendio cuando se concentra el mayor riesgo, por lo que las medidas para la retención de sedimentos y prevención de la erosión de los suelos deberían ejecutarse cuanto antes para que se repitan situaciones como las de Manzanedo. Y es importante precisamente porque hemos visto que esta semana ya se han producido tormentas en algunas regiones del país por lo que la organización pide a los municipios afectados por los incendios de este año que comiencen, ya mismo, a planificar actuaciones de emergencia para el control de la erosión y el arrastre de cenizas.
A 24 de agosto ya había 295.405 hectáreas de superficie quemada en España pero los 44 grandes incendios forestales registrados en lo que va de año han dejado varios récords: el mayor incendio de la historia de España, en Burgohondo (Ávila), con 39.570 hectáreas afectadas; el incendio más mortífero de la historia, en Gallardos (Almería), con 13 personas fallecidas; el mayor incendio registrado en Andalucía, con 40.100 hectáreas; el mayor de Castilla-La Mancha, con 32.100 hectáreas; el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, con más de 25.000 hectáreas, y el segundo incendio más grande registrado en Aragón, con 18.000 hectáreas afectadas.
Ante tales dimensiones, Greenpeace advierte de que hay que evitar sumar más catástrofes, que fue lo que ocurrió en León. «Es necesario salvar el agua y el suelo de los procesos erosivos, y hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad. Sobre todo, ante incendios cada vez más grandes y severos», sostiene Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en la organización.
Y es que tras un fuego de importantes dimensiones, el debate público suele centrarse en la recuperación, restauración, costes, etc. Sin embargo, a juicio de Greenpeace, el debate olvida una fase decisiva: las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y prevenir la contaminación de cursos de agua, conservar el suelo y evitar procesos erosivos e irreversibles de degradación, en un país con más del 70% de su territorio en riesgo de desertificación. «Hay que recordar que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, del que depende la vida y cuya conservación es esencial: la FAO estima que formar apenas 2 o 3 centímetros de suelo fértil puede requerir hasta mil años, mientras que su pérdida por erosión puede producirse en muy poco tiempo», advierte la experta.
Entre las medidas de estabilización de emergencia destacan aquellas centradas en laderas y zonas de fuerte pendiente. Estas actuaciones deben priorizar la instalación de acolchados («mulching») y otras estructuras de retención, como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, correctamente diseñadas para frenar los arrastres de sedimentos. Estas se complementan con la protección puntual de cauces, drenajes y obras de paso para evitar colmataciones, así como con el control de procesos erosivos concentrados, como regueros, cárcavas o pequeños deslizamientos.
Los expertos recuerdan que existe un amplio consenso científico en que el «mulching» constituye una de las medidas de emergencia posincendio más eficaces para conservar el suelo, ya que reduce significativamente la erosión y la escorrentía, mejora la infiltración y acelera la recuperación funcional del ecosistema, especialmente durante el primer año tras el incendio, cuando el riesgo de pérdida irreversible de suelo es máximo.
Según un estudio publicado en 2022, tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia), las actuaciones de restauración realizadas por voluntariado y coordinadas por personal técnico demostraron ser muy eficaces para frenar la degradación del suelo. La aplicación temprana de «mulch» redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año tras el incendio y mantuvo reducciones de entre el 74% y el 87% en el segundo año, confirmando que una respuesta rápida y basada en criterios científicos es clave para minimizar los daños posteriores al fuego.
Una de las experiencias más recientes es la del incendio de Las Médulas (León), en 2025, donde un informe coordinado por el CSIC y elaborado por más de 70 especialistas en incendios, biodiversidad, geología, hidrogeología, drones y riesgos sociales confirmó la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización. Entre ellas destacó la aplicación de «mulch» con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que consiguió reducir la erosión del suelo en una media del 85%, demostrando su capacidad para minimizar los impactos ambientales y favorecer la recuperación del territorio.
A pesar del consenso científico y técnico, las medidas de estabilización de emergencia posincendio siguen siendo una asignatura pendiente. Ante la magnitud de la superficie quemada, hay que actuar donde más se necesita y hacerlo a tiempo. La priorización debe basarse en criterios técnicos, destinando recursos a las zonas con mayor riesgo de pérdida de suelo, contaminación de cauces y embalses y afección a abastecimientos de agua, espacios protegidos y áreas de elevada pendiente. Los expertos advierten de que es muy importante desarrollar e implantar una metodología común y protocolos operativos de evaluación rápida del impacto ide los incendios, que permitan apoyar de forma eficaz la toma de decisiones sobre actuaciones urgentes de estabilización tras un incendio y evitar que se convierta también en una crisis de erosión, y deterioro de recursos hídricos.
Desde junio, las fuertes tormentas que cayeron sobre terrenos previamente calcinados por los incendios forestales del año pasado arrasaron varias localidades: en zonas como Valdeorras o Viana, los arrastres de agua y ceniza causaron daños en viviendas, provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación. Muchos de estos municipios tuvieron o tienen restricciones de agua potable, llegando a pedir la declaración de zona catastrófica. También ha ocurrido ahora y en municipios de Castellón han estado sin agua.
El problema, lo sabemos bien, no termina cuando un incendio forestal se da por extinguido y los bomberos se retiran. No solo por aquello de que «los fuegos de verano se apagan en invierno» y hay que invertir en gestión forestal y prevención, si no por lo que todo ese monte ya quemado supone de peligro para la biodiversidad y para la vida de las personas. Las lluvias posteriores a los incendios arrastran cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo la calidad del agua e incluso la salud de las personas. Y no solo la salud. Las lluvias torrenciales, todo el agua que baja sin control ladera abajo, arrastrando ese sedimento provoca desbordamiento de ríos que, desgraciadamente este verano acabaron en tragedia. Ocurrió en Manzanedo de Valdueza, en la comarca leonesa de El Bierzo, una de las zonas más castigadas por los incendios del año pasado. Dos mujeres perdieron la vida tras ser arrastradas por la riada, derivada de aquellos fuegos y la nula gestión posterior.. Según un informe publicado esta semana por Greenpeace, es en las primeras semanas tras un incendio cuando se concentra el mayor riesgo, por lo que las medidas para la retención de sedimentos y prevención de la erosión de los suelos deberían ejecutarse cuanto antes para que se repitan situaciones como las de Manzanedo. Y es importante precisamente porque hemos visto que esta semana ya se han producido tormentas en algunas regiones del país por lo que la organización pide a los municipios afectados por los incendios de este año que comiencen, ya mismo, a planificar actuaciones de emergencia para el control de la erosión y el arrastre de cenizas.. A 24 de agosto ya había 295.405 hectáreas de superficie quemada en España pero los 44 grandes incendios forestales registrados en lo que va de año han dejado varios récords: el mayor incendio de la historia de España, en Burgohondo (Ávila), con 39.570 hectáreas afectadas; el incendio más mortífero de la historia, en Gallardos (Almería), con 13 personas fallecidas; el mayor incendio registrado en Andalucía, con 40.100 hectáreas; el mayor de Castilla-La Mancha, con 32.100 hectáreas; el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, con más de 25.000 hectáreas, y el segundo incendio más grande registrado en Aragón, con 18.000 hectáreas afectadas.. Ante tales dimensiones, Greenpeace advierte de que hay que evitar sumar más catástrofes, que fue lo que ocurrió en León. «Es necesario salvar el agua y el suelo de los procesos erosivos, y hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad. Sobre todo, ante incendios cada vez más grandes y severos», sostiene Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en la organización.. Y es que tras un fuego de importantes dimensiones, el debate público suele centrarse en la recuperación, restauración, costes, etc. Sin embargo, a juicio de Greenpeace, el debate olvida una fase decisiva: las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y prevenir la contaminación de cursos de agua, conservar el suelo y evitar procesos erosivos e irreversibles de degradación, en un país con más del 70% de su territorio en riesgo de desertificación. «Hay que recordar que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, del que depende la vida y cuya conservación es esencial: la FAO estima que formar apenas 2 o 3 centímetros de suelo fértil puede requerir hasta mil años, mientras que su pérdida por erosión puede producirse en muy poco tiempo», advierte la experta.. Entre las medidas de estabilización de emergencia destacan aquellas centradas en laderas y zonas de fuerte pendiente. Estas actuaciones deben priorizar la instalación de acolchados («mulching») y otras estructuras de retención, como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, correctamente diseñadas para frenar los arrastres de sedimentos. Estas se complementan con la protección puntual de cauces, drenajes y obras de paso para evitar colmataciones, así como con el control de procesos erosivos concentrados, como regueros, cárcavas o pequeños deslizamientos.. Los expertos recuerdan que existe un amplio consenso científico en que el «mulching» constituye una de las medidas de emergencia posincendio más eficaces para conservar el suelo, ya que reduce significativamente la erosión y la escorrentía, mejora la infiltración y acelera la recuperación funcional del ecosistema, especialmente durante el primer año tras el incendio, cuando el riesgo de pérdida irreversible de suelo es máximo.. Según un estudio publicado en 2022, tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia), las actuaciones de restauración realizadas por voluntariado y coordinadas por personal técnico demostraron ser muy eficaces para frenar la degradación del suelo. La aplicación temprana de «mulch» redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año tras el incendio y mantuvo reducciones de entre el 74% y el 87% en el segundo año, confirmando que una respuesta rápida y basada en criterios científicos es clave para minimizar los daños posteriores al fuego.. Una de las experiencias más recientes es la del incendio de Las Médulas (León), en 2025, donde un informe coordinado por el CSIC y elaborado por más de 70 especialistas en incendios, biodiversidad, geología, hidrogeología, drones y riesgos sociales confirmó la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización. Entre ellas destacó la aplicación de «mulch» con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que consiguió reducir la erosión del suelo en una media del 85%, demostrando su capacidad para minimizar los impactos ambientales y favorecer la recuperación del territorio.. A pesar del consenso científico y técnico, las medidas de estabilización de emergencia posincendio siguen siendo una asignatura pendiente. Ante la magnitud de la superficie quemada, hay que actuar donde más se necesita y hacerlo a tiempo. La priorización debe basarse en criterios técnicos, destinando recursos a las zonas con mayor riesgo de pérdida de suelo, contaminación de cauces y embalses y afección a abastecimientos de agua, espacios protegidos y áreas de elevada pendiente. Los expertos advierten de que es muy importante desarrollar e implantar una metodología común y protocolos operativos de evaluación rápida del impacto ide los incendios, que permitan apoyar de forma eficaz la toma de decisiones sobre actuaciones urgentes de estabilización tras un incendio y evitar que se convierta también en una crisis de erosión, y deterioro de recursos hídricos.. Desde junio, las fuertes tormentas que cayeron sobre terrenos previamente calcinados por los incendios forestales del año pasado arrasaron varias localidades: en zonas como Valdeorras o Viana, los arrastres de agua y ceniza causaron daños en viviendas, provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación. Muchos de estos municipios tuvieron o tienen restricciones de agua potable, llegando a pedir la declaración de zona catastrófica. También ha ocurrido ahora y en municipios de Castellón han estado sin agua.
En España han ardido casi 300.000 ha este año. Las tormentas sin «elementos de sujeción» en laderas provocaron la muerte de dos personas en León
El problema, lo sabemos bien, no termina cuando un incendio forestal se da por extinguido y los bomberos se retiran. No solo por aquello de que «los fuegos de verano se apagan en invierno» y hay que invertir en gestión forestal y prevención, si no por lo que todo ese monte ya quemado supone de peligro para la biodiversidad y para la vida de las personas. Las lluvias posteriores a los incendios arrastran cenizas, sedimentos, metales y otros contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo la calidad del agua e incluso la salud de las personas. Y no solo la salud. Las lluvias torrenciales, todo el agua que baja sin control ladera abajo, arrastrando ese sedimento provoca desbordamiento de ríos que, desgraciadamente este verano acabaron en tragedia. Ocurrió en Manzanedo de Valdueza, en la comarca leonesa de El Bierzo, una de las zonas más castigadas por los incendios del año pasado. Dos mujeres perdieron la vida tras ser arrastradas por la riada, derivada de aquellos fuegos y la nula gestión posterior.. Según un informe publicado esta semana por Greenpeace, es en las primeras semanas tras un incendio cuando se concentra el mayor riesgo, por lo que las medidas para la retención de sedimentos y prevención de la erosión de los suelos deberían ejecutarse cuanto antes para que se repitan situaciones como las de Manzanedo. Y es importante precisamente porque hemos visto que esta semana ya se han producido tormentas en algunas regiones del país por lo que la organización pide a los municipios afectados por los incendios de este año que comiencen, ya mismo, a planificar actuaciones de emergencia para el control de la erosión y el arrastre de cenizas.. A 24 de agosto ya había 295.405 hectáreas de superficie quemada en España pero los 44 grandes incendios forestales registrados en lo que va de año han dejado varios récords: el mayor incendio de la historia de España, en Burgohondo (Ávila), con 39.570 hectáreas afectadas; el incendio más mortífero de la historia, en Gallardos (Almería), con 13 personas fallecidas; el mayor incendio registrado en Andalucía, con 40.100 hectáreas; el mayor de Castilla-La Mancha, con 32.100 hectáreas; el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, con más de 25.000 hectáreas, y el segundo incendio más grande registrado en Aragón, con 18.000 hectáreas afectadas.. Ante tales dimensiones, Greenpeace advierte de que hay que evitar sumar más catástrofes, que fue lo que ocurrió en León. «Es necesario salvar el agua y el suelo de los procesos erosivos, y hay que evitar que las cicatrices del fuego generen más impactos a la población y a la biodiversidad. Sobre todo, ante incendios cada vez más grandes y severos», sostiene Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en la organización.. Y es que tras un fuego de importantes dimensiones, el debate público suele centrarse en la recuperación, restauración, costes, etc. Sin embargo, a juicio de Greenpeace, el debate olvida una fase decisiva: las actuaciones de emergencia para estabilizar el terreno y prevenir la contaminación de cursos de agua, conservar el suelo y evitar procesos erosivos e irreversibles de degradación, en un país con más del 70% de su territorio en riesgo de desertificación. «Hay que recordar que el suelo es un recurso prácticamente no renovable, del que depende la vida y cuya conservación es esencial: la FAO estima que formar apenas 2 o 3 centímetros de suelo fértil puede requerir hasta mil años, mientras que su pérdida por erosión puede producirse en muy poco tiempo», advierte la experta.. Entre las medidas de estabilización de emergencia destacan aquellas centradas en laderas y zonas de fuerte pendiente. Estas actuaciones deben priorizar la instalación de acolchados («mulching») y otras estructuras de retención, como fajinas, diques y barreras con troncos y ramas, correctamente diseñadas para frenar los arrastres de sedimentos. Estas se complementan con la protección puntual de cauces, drenajes y obras de paso para evitar colmataciones, así como con el control de procesos erosivos concentrados, como regueros, cárcavas o pequeños deslizamientos.. Los expertos recuerdan que existe un amplio consenso científico en que el «mulching» constituye una de las medidas de emergencia posincendio más eficaces para conservar el suelo, ya que reduce significativamente la erosión y la escorrentía, mejora la infiltración y acelera la recuperación funcional del ecosistema, especialmente durante el primer año tras el incendio, cuando el riesgo de pérdida irreversible de suelo es máximo.. Según un estudio publicado en 2022, tras el gran incendio de Ponte Caldelas (Galicia), las actuaciones de restauración realizadas por voluntariado y coordinadas por personal técnico demostraron ser muy eficaces para frenar la degradación del suelo. La aplicación temprana de «mulch» redujo la erosión entre un 76% y un 95% durante el primer año tras el incendio y mantuvo reducciones de entre el 74% y el 87% en el segundo año, confirmando que una respuesta rápida y basada en criterios científicos es clave para minimizar los daños posteriores al fuego.. Una de las experiencias más recientes es la del incendio de Las Médulas (León), en 2025, donde un informe coordinado por el CSIC y elaborado por más de 70 especialistas en incendios, biodiversidad, geología, hidrogeología, drones y riesgos sociales confirmó la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización. Entre ellas destacó la aplicación de «mulch» con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que consiguió reducir la erosión del suelo en una media del 85%, demostrando su capacidad para minimizar los impactos ambientales y favorecer la recuperación del territorio.. A pesar del consenso científico y técnico, las medidas de estabilización de emergencia posincendio siguen siendo una asignatura pendiente. Ante la magnitud de la superficie quemada, hay que actuar donde más se necesita y hacerlo a tiempo. La priorización debe basarse en criterios técnicos, destinando recursos a las zonas con mayor riesgo de pérdida de suelo, contaminación de cauces y embalses y afección a abastecimientos de agua, espacios protegidos y áreas de elevada pendiente. Los expertos advierten de que es muy importante desarrollar e implantar una metodología común y protocolos operativos de evaluación rápida del impacto ide los incendios, que permitan apoyar de forma eficaz la toma de decisiones sobre actuaciones urgentes de estabilización tras un incendio y evitar que se convierta también en una crisis de erosión, y deterioro de recursos hídricos.. Desde junio, las fuertes tormentas que cayeron sobre terrenos previamente calcinados por los incendios forestales del año pasado arrasaron varias localidades: en zonas como Valdeorras o Viana, los arrastres de agua y ceniza causaron daños en viviendas, provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación. Muchos de estos municipios tuvieron o tienen restricciones de agua potable, llegando a pedir la declaración de zona catastrófica. También ha ocurrido ahora y en municipios de Castellón han estado sin agua.
