La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dado a conocer los dos autos por los que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la “ley de nietos”. Que es la disposición adicional 8ª de la ley de memoria democrática de 2022. La esencia y síntesis de la decisión adoptada por el alto tribunal es considerar que esa norma contiene un “peligro fundado, real y serio” de afectar a “la objetividad de las próximas elecciones”. Es preciso conocer que mediante una interpretación personal de una directora general del Ministerio de Justicia, concretamente la fiscal Sofía Puente, -hermana de Óscar Puente-, se amplió el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria. Para incluir no sólo a todos los hijos y nietos de exiliados por motivos políticos, de creencias o de identidad sexual, derivados de la guerra civil y el franquismo entre los años 1936 y 1955, como dispone la Ley, sino considerar a todos los emigrantes en ese periodo -incluidos los basados en motivos económicos- como virtuales exiliados políticos, lo que no es lo que dice la ley aprobada en las Cortes Generales. El Frente Popular sanchista ha reaccionado criticando con dureza esa decisión judicial que en su opinión establece dos clases de españoles. Los cuales, según ellos, serían los españoles con derecho al voto, y los que carecen de él. Lo que consideran una medida injusta y clasista al negarles el acceso a un derecho fundamental como es el derecho al voto. Habría que recordarles a esos “progresistas de salón” que lo que resulta desigual e inaceptable es otorgar ese derecho a “presuntos” descendientes de exiliados que nunca han estado en España. Es decir, que tampoco han pagado impuesto alguno aquí, pretendiendo que tengan el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español para decidir quién nos gobierna. Este absurdo lleva a una situación tan inadmisible como la que se da en centenares de localidades españolas, donde los inscritos en el CERA superan ya ampliamente a los españoles residentes en ellas. Es decir, que son más numerosos los votantes de esos pueblos que ni siquiera lo conocen y viven en el extranjero que la población que habita en ella. La fecha para solicitar la nacionalidad española en base a la Ley de Nietos expiró en octubre del año pasado tras uno de prórroga concedido por el gobierno. Desde el 23 J ya son más de 115.000 los nuevos electores inscritos en el censo de Madrid y 44.000 en Barcelona. Fraude electoral suspendido de momento por el TS.
Lo que resulta desigual e inaceptable es otorgar ese derecho a “presuntos” descendientes de exiliados que nunca han estado en España
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dado a conocer los dos autos por los que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la “ley de nietos”. Que es la disposición adicional 8ª de la ley de memoria democrática de 2022. La esencia y síntesis de la decisión adoptada por el alto tribunal es considerar que esa norma contiene un “peligro fundado, real y serio” de afectar a “la objetividad de las próximas elecciones”. Es preciso conocer que mediante una interpretación personal de una directora general del Ministerio de Justicia, concretamente la fiscal Sofía Puente, -hermana de Óscar Puente-, se amplió el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria. Para incluir no sólo a todos los hijos y nietos de exiliados por motivos políticos, de creencias o de identidad sexual, derivados de la guerra civil y el franquismo entre los años 1936 y 1955, como dispone la Ley, sino considerar a todos los emigrantes en ese periodo -incluidos los basados en motivos económicos- como virtuales exiliados políticos, lo que no es lo que dice la ley aprobada en las Cortes Generales. El Frente Popular sanchista ha reaccionado criticando con dureza esa decisión judicial que en su opinión establece dos clases de españoles. Los cuales, según ellos, serían los españoles con derecho al voto, y los que carecen de él. Lo que consideran una medida injusta y clasista al negarles el acceso a un derecho fundamental como es el derecho al voto. Habría que recordarles a esos “progresistas de salón” que lo que resulta desigual e inaceptable es otorgar ese derecho a “presuntos” descendientes de exiliados que nunca han estado en España. Es decir, que tampoco han pagado impuesto alguno aquí, pretendiendo que tengan el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español para decidir quién nos gobierna. Este absurdo lleva a una situación tan inadmisible como la que se da en centenares de localidades españolas, donde los inscritos en el CERA superan ya ampliamente a los españoles residentes en ellas. Es decir, que son más numerosos los votantes de esos pueblos que ni siquiera lo conocen y viven en el extranjero que la población que habita en ella. La fecha para solicitar la nacionalidad española en base a la Ley de Nietos expiró en octubre del año pasado tras uno de prórroga concedido por el gobierno. Desde el 23 J ya son más de 115.000 los nuevos electores inscritos en el censo de Madrid y 44.000 en Barcelona. Fraude electoral suspendido de momento por el TS.
