Resulta digna de estudio la inclinación del partido del Gobierno por jugar con algunos sentimientos colectivos y revolver algunas tripas por pura estrategia política. Un día anuncia la regularización masiva de inmigrantes en plena campaña de los pasados comicios aragoneses a sabiendas de que ello incentivaría el voto hacia Vox, y en otro momento se nos muestra preocupado por el aumento de la xenofobia y el odio hacia los inmigrantes en las redes sociales. Anunciaba recientemente el Gobierno la aprobación del llamado «plan de integración ciudadana» con una inversión de quinientos millones de euros –nada del otro mundo, el equivalente a la cláusula de rescisión del futbolista Julián Álvarez ahora tan de moda–, un plan destinado sobre todo a integrar a los foráneos regularizados y sobre todo a evitar la proliferación de un rechazo al inmigrante que crece inquietantemente como la espuma, primero tras la regularización masiva anunciada hace pocos meses, después ante la constatación del dato de que no serían quinientos mil, sino más bien un millón largo y, en tercer lugar, ante el hecho de que España se queda sola en este asunto frente al resto de socios europeos, muy vigilantes para que ningún regularizado en nuestro territorio traspase fronteras de otros países de la Unión y al mismo tiempo poniendo puente de plata a los ilegales propios para que acudan a España. Cuatrocientos mil por el momento y aumentando según la propia policía española de extranjería.. El cóctel arroja un resultado que ya viene reflejando el observatorio español de racismo y xenofobia: nada menos que en diecinueve puntos ha aumentado el rechazo al extranjero desde el pasado mes de abril, cuando el ejecutivo de Sánchez se puso manos a la obra con una medida que, de un lado, acabaría por comerle el poco terreno que le quedaba a la izquierda de Sumar y Podemos y, de otro, daría oxígeno a la extrema derecha para mayor inri del PP de Núñez Feijóo. La relación causa-efecto parece clara y meridiana, una eclosión imparable de contenidos en las redes sociales, en los que se sitúa al foráneo como sinónimo de amenaza a la seguridad, al acceso a la vivienda, a la sanidad y la educación o al propio mercado de trabajo. España nunca ha sido un país xenófobo; otra cosa es el tacticismo del Gobierno trufado de altas dosis de incompetencia. Bomba de relojería.
España nunca ha sido un país xenófobo; otra cosa es el tacticismo del Gobierno trufado de altas dosis de incompetencia
Resulta digna de estudio la inclinación del partido del Gobierno por jugar con algunos sentimientos colectivos y revolver algunas tripas por pura estrategia política. Un día anuncia la regularización masiva de inmigrantes en plena campaña de los pasados comicios aragoneses a sabiendas de que ello incentivaría el voto hacia Vox, y en otro momento se nos muestra preocupado por el aumento de la xenofobia y el odio hacia los inmigrantes en las redes sociales. Anunciaba recientemente el Gobierno la aprobación del llamado «plan de integración ciudadana» con una inversión de quinientos millones de euros –nada del otro mundo, el equivalente a la cláusula de rescisión del futbolista Julián Álvarez ahora tan de moda–, un plan destinado sobre todo a integrar a los foráneos regularizados y sobre todo a evitar la proliferación de un rechazo al inmigrante que crece inquietantemente como la espuma, primero tras la regularización masiva anunciada hace pocos meses, después ante la constatación del dato de que no serían quinientos mil, sino más bien un millón largo y, en tercer lugar, ante el hecho de que España se queda sola en este asunto frente al resto de socios europeos, muy vigilantes para que ningún regularizado en nuestro territorio traspase fronteras de otros países de la Unión y al mismo tiempo poniendo puente de plata a los ilegales propios para que acudan a España. Cuatrocientos mil por el momento y aumentando según la propia policía española de extranjería.. El cóctel arroja un resultado que ya viene reflejando el observatorio español de racismo y xenofobia: nada menos que en diecinueve puntos ha aumentado el rechazo al extranjero desde el pasado mes de abril, cuando el ejecutivo de Sánchez se puso manos a la obra con una medida que, de un lado, acabaría por comerle el poco terreno que le quedaba a la izquierda de Sumar y Podemos y, de otro, daría oxígeno a la extrema derecha para mayor inri del PP de Núñez Feijóo. La relación causa-efecto parece clara y meridiana, una eclosión imparable de contenidos en las redes sociales, en los que se sitúa al foráneo como sinónimo de amenaza a la seguridad, al acceso a la vivienda, a la sanidad y la educación o al propio mercado de trabajo. España nunca ha sido un país xenófobo; otra cosa es el tacticismo del Gobierno trufado de altas dosis de incompetencia. Bomba de relojería.
