Pedro Sánchez ha sido emplazado por sendas mayorías absolutas parlamentarias, en el Congreso y en el Senado, a someterse a una cuestión de confianza o, en su caso, a adelantar las elecciones generales. Que nuestro ordenamiento jurídico no contemple la obligatoriedad del Jefe del Ejecutivo a someterse a la voluntad expresa de quienes representan a la soberanía popular nunca podrá ser un alibi político para un verdadero demócrata, mucho menos, si el resultado de la votación refleja un cambio en las mayorías que respaldaban al Gabinete, es decir, la constatación de que la voluntad mayoritaria del pueblo español no desea su continuidad. Con su respuesta, displicente y ensoberbecida, el inquilino de La Moncloa confirma lo ya sabido, que sólo desde el precepto inequívoco y explícito de la ley, sólo desde la letra del Código Penal, está dispuesto a torcer su voluntad. En cualquier otra circunstancia, por apartada que esté de los usos políticos en las democracias avanzadas, por clamoroso que sea su rechazo a asumir la más mínima responsabilidad de sus acciones, Sánchez preferirá retorcer la realidad hasta hacerla irreconocible o, en su defecto, utilizará al ejército de peones con el que ha colonizado la mayor parte de las instituciones de Estado para cambiar las reglas del juego, siempre jugando en el margen mismo de la Constitución. El caso de la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura, hecho insólito en la Unión Europea, pese al mandato constitucional es el mejor ejemplo de lo poco que significa el respeto a las normas no escritas de la democracia, esenciales para la correcta convivencia del cuerpo social, por parte de un líder político que, conviene no olvidarlo, no tuvo el menor empacho a la hora de intentar manipular unas urnas que no le eran propicias en la pugna interna por el poder en su partido. Con Pedro Sánchez, nos hallamos ante un comportamiento típicamente caudillista, en el que los contrapesos institucionales han sido despojados de su virtualidad, con el Poder Legislativo convertido en convidado de piedra o en mera cámara de resonancia y parapetado tras la búsqueda de un enemigo exterior, en este caso, la confabulación golpista de la derecha y la judicatura, que actúe como cortina de humo ante unos comportamientos políticos y personales nada encomiables. En definitiva, la propaganda como fundamento filosófico de su mandato, el clientelismo como remedo de las políticas sociales, que juega con los esfuerzos de las próximas generaciones de españoles, y el rechazo a asumir la responsabilidad política -todo queda en manos de los tribunales de justicia- componen los elementos, podría decirse, fundacionales del sanchismo. Y, sin embargo, la opinión pública española es perfectamente consciente de que la Presidencia del Gobierno está, desde el pasado jueves 25 de junio, contra la voluntad de la mayoría democrática de la Nación. Mayoría absoluta, por cierto.
La opinión pública española es perfectamente consciente de que la Presidencia del Gobierno está, desde el pasado jueves 25 de junio, contra la voluntad de la mayoría democrática de la Nación. Mayoría absoluta, por cierto
Pedro Sánchez ha sido emplazado por sendas mayorías absolutas parlamentarias, en el Congreso y en el Senado, a someterse a una cuestión de confianza o, en su caso, a adelantar las elecciones generales. Que nuestro ordenamiento jurídico no contemple la obligatoriedad del Jefe del Ejecutivo a someterse a la voluntad expresa de quienes representan a la soberanía popular nunca podrá ser un alibi político para un verdadero demócrata, mucho menos, si el resultado de la votación refleja un cambio en las mayorías que respaldaban al Gabinete, es decir, la constatación de que la voluntad mayoritaria del pueblo español no desea su continuidad. Con su respuesta, displicente y ensoberbecida, el inquilino de La Moncloa confirma lo ya sabido, que sólo desde el precepto inequívoco y explícito de la ley, sólo desde la letra del Código Penal, está dispuesto a torcer su voluntad. En cualquier otra circunstancia, por apartada que esté de los usos políticos en las democracias avanzadas, por clamoroso que sea su rechazo a asumir la más mínima responsabilidad de sus acciones, Sánchez preferirá retorcer la realidad hasta hacerla irreconocible o, en su defecto, utilizará al ejército de peones con el que ha colonizado la mayor parte de las instituciones de Estado para cambiar las reglas del juego, siempre jugando en el margen mismo de la Constitución. El caso de la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura, hecho insólito en la Unión Europea, pese al mandato constitucional es el mejor ejemplo de lo poco que significa el respeto a las normas no escritas de la democracia, esenciales para la correcta convivencia del cuerpo social, por parte de un líder político que, conviene no olvidarlo, no tuvo el menor empacho a la hora de intentar manipular unas urnas que no le eran propicias en la pugna interna por el poder en su partido. Con Pedro Sánchez, nos hallamos ante un comportamiento típicamente caudillista, en el que los contrapesos institucionales han sido despojados de su virtualidad, con el Poder Legislativo convertido en convidado de piedra o en mera cámara de resonancia y parapetado tras la búsqueda de un enemigo exterior, en este caso, la confabulación golpista de la derecha y la judicatura, que actúe como cortina de humo ante unos comportamientos políticos y personales nada encomiables. En definitiva, la propaganda como fundamento filosófico de su mandato, el clientelismo como remedo de las políticas sociales, que juega con los esfuerzos de las próximas generaciones de españoles, y el rechazo a asumir la responsabilidad política -todo queda en manos de los tribunales de justicia- componen los elementos, podría decirse, fundacionales del sanchismo. Y, sin embargo, la opinión pública española es perfectamente consciente de que la Presidencia del Gobierno está, desde el pasado jueves 25 de junio, contra la voluntad de la mayoría democrática de la Nación. Mayoría absoluta, por cierto.
