Todo comenzó el 13 de marzo de 2025, cuando la Dirección Provincial de Educación de Palencia decidió no renovar a la directora y a su equipo del colegio El Cruce de Castilla, en Venta de Baños (Palencia), sin dar ninguna justificación. La afectada denunció los hechos ante la justicia por entender la medida como improcedente y, ahora, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palencia lo ha ratificado: el juez ha emitido una sentencia en la que cataloga el proceso que llevó a cabo la Dirección Provincial para su cese como un camino “contaminado desde su origen”. El documento alude a “un expediente abigarrado”, un “verdadero esperpento” de trámites y un acta “radicalmente falsa” con la que trató de ampararse el área de Educación. El magistrado ha remitido los hechos a un juzgado de lo penal para dirimirlos ya que ve indicios de delito en el proceso. Educación, según ha informado a EL PAÍS, va a recurrir la sentencia.. Seguir leyendo
Todo comenzó el 13 de marzo de 2025, cuando la Dirección Provincial de Educación de Palencia decidió no renovar a la directora y a su equipo del colegio El Cruce de Castilla, en Venta de Baños (Palencia), sin dar ninguna justificación. La afectada denunció los hechos ante la justicia por entender la medida como improcedente y, ahora, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palencia lo ha ratificado: el juez ha emitido una sentencia en la que cataloga el proceso que llevó a cabo la Dirección Provincial para su cese como un camino “contaminado desde su origen”. El documento alude a “un expediente abigarrado”, un “verdadero esperpento” de trámites y un acta “radicalmente falsa” con la que trató de ampararse el área de Educación. El magistrado ha remitido los hechos a un juzgado de lo penal para dirimirlos ya que ve indicios de delito en el proceso. Educación, según ha informado a EL PAÍS, va a recurrir la sentencia.. La decisión de la dirección provincial sorprendió al equipo del colegio, sobre todo a la propia directora R. A. R. y, al secretario docente, S. R. F., con quienes ha hablado EL PAÍS. Los afectados llevaban meses quejándose con sus superiores en la Dirección Provincial de Educación de Palencia por posibles “situaciones de acoso laboral” e “irregularidades administrativas” cometidas por otros cargos de esa misma instancia. Sus denuncias, al parecer, no sentaron bien.. La directora afirma que durante meses sintió cuestionada su labor. Los encontronazos comenzaron por quejas de sus superiores en cuanto a decisiones que tomaba la dirección del centro, a pesar de que eran medidas “ajustadas a la ley y norma vigente, mirando siempre por los derechos de los niños, las familias y los compañeros”. Por ejemplo, explica la directora, por aplicar protocolos de acoso escolar cuando había indicios, por actuar ante los conflictos o por ayudar y defender a las familias, sosteniendo que los centros educativos no son registros administrativos ni deben asumir funciones que corresponden a la Administración (evitando así trasladar esa carga a los colegios públicos). “Todo eso chocaba con una forma de actuar más cómoda para la administración: evitar conflictos, no abrir protocolos y no dejar rastro”, insiste.. El tono se fue elevando, por lo que la mujer decidió poner en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación de Palencia lo que consideraba una situación de “acoso laboral”.. Sin embargo, sintió una “falta de apoyo institucional”. “Las quejas se elevan a tus superiores y piensas que te van a respaldar porque estás actuando conforme a la ley. Sin embargo, ellos actúan por presiones e intereses y te desautorizan de forma injusta”, explica. A pesar de que las instituciones tienen un sistema “muy estructurado” con el que responder en los casos de “violencia laboral”, señala, el problema llega “cuando el poder lo corrompe y manipula dicho sistema”.. En lugar de recibir ayuda, la directora y su secretario obtuvieron expedientes disciplinarios que interpretaron como una “represalia”. La agraviada asegura haberse sentido “indignada” y “vulnerable” ante sus superiores, quienes “actuaron de forma incorrecta y delictiva, como describe el juez en su sentencia”. Su conclusión es que la decisión de no renovarla “era parte de un plan y una trama” para quitarla de en medio.. Ella, asegura, es la única directora no renovada en más de 13 años en toda la provincia y uno de los escasos ejemplos en Castilla y León, en un contexto donde más de 500 direcciones sí lo han hecho con sus directivos. Sin embargo, no lo achacan a un “caso aislado” ni a “una simple irregularidad administrativa”, de ahí que lo elevaran a la justicia. A ello se le suma que el anuncio de la Inspección de Trabajo de que va a sancionar a la Junta por este caso.. El juez que ha llevado el caso ha cargado contra la política de la jefatura provincial en varias de las 118 páginas del dictamen, al que ha accedido EL PAÍS. El documento señala que la injerencia de esa autoridad perjudicó a la autonomía del Consejo Escolar del centro, cuya independencia quedó “menoscabada por la Comisión de Evaluación, la Dirección Provincial y la Delegación Territorial”. También dice que una de las actas utilizadas para validar la no revocación es “radicalmente falsa”.. El magistrado ha considerado “no conforme a derecho” que la directora perdiese su cargo por la intervención de sus superiores y ha ordenado que lo sucedido se estudie por la vía penal. “Remítase inmediatamente a la Plaza de la Sección de Instrucción, a la que por turno corresponda, del Tribunal de Instancia de Palencia”, se lee en la sentencia.. Las quejas contra la dirección provincial llegaron a un pleno de las Cortes de Castilla y León en el que la oposición preguntó a la ya exconsejera de Educación y nuevo cargo en la Mesa de las Cortes, Rocío Lucas (PP), sobre estas hipotéticas irregularidades. Lucas esgrimió entonces que “se actuó, se tramitó y se resolvió lo procedente”, que fue la no renovación de la directiva del colegio El Cruce de Castilla. Bajo esa misma justificación, las fuentes de Educación consultadas por EL PAÍS han anunciado que van a recurrir la resolución judicial que pone en duda su decisión.. El equipo directivo del colegio El Cruce de Castilla ha denunciado la implicación de Rocío Lucas, a quien acusa de conocer los hechos “desde el principio”; pero también del delegado territorial de la Junta de Castilla y Léon en Palencia, José Antonio Rubio; de la Inspección General de Servicios; y de la Consejería de Presidencia y de su consejero, Luis Miguel González. Aseguran que la contundencia de la sentencia judicial, con expresiones rotundas como la antes expuestas, corroboran lo ilícito del proceder de la gerencia.. El secretario docente del colegio celebra el fallo a favor del equipo del centro escolar, tras pasar por un proceso en el que se han visto suspendidos de empleo y sueldo, además de recibir el expediente disciplinario. “Lo vivido no ha sido solo un procedimiento administrativo, sino una situación muy dura a nivel personal y profesional”, expone.. Para él, todo ha sido una “situación anómala”, con inspectores y cargos de la Administración desplegados sobre el colegio de Venta de Baños, algo que el defendió como “ilegal” porque, tal y como ratifica la sentencia, “los inspectores no pueden convocar, presidir ni intervenir en un consejo escolar”. Tras “un año de presión e indefensión”, asegura que “resulta difícil de entender que algo así ocurra en el ámbito educativo, donde quienes tienen responsabilidades deberían ser los primeros garantes de la legalidad”.
La Dirección Provincial de Educación decidió no renovar a todo el grupo directivo sin dar más justificaciones. Un juzgado de lo contencioso ha remitido el caso a la vía penal
