Una nueva directriz obligará a modificar desde este miércoles el uso de miles de espacios públicos segregados por género en Reino Unido, casi un año y medio después de un fallo histórico del Tribunal Supremo sobre la definición legal de sexo biológico.
Con la entrada en vigor mañana de este «código de buenas prácticas», pautado por el regulador británico de igualdad, los aseos, vestuarios, salas de hospital o cualquier espacio segregado por género deberán utilizarse en función del sexo asignado al nacer y no con el género con el que la persona se identifica.
Esto implica que cerca de 13.000 aseos y más de 5.000 vestuarios en gimnasios, hospitales o centros de ocio de Inglaterra, Escocia y Gales, podrían necesitar reformas, con un coste estimado de decenas de millones de libras.
La aplicación de la directriz llega tras una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2025 -en un caso impulsado por la organización For Women Scotland- que limitó la definición legal de mujer al sexo biológico, en una decisión que fue ampliamente criticada y tildada de discriminatoria para las personas trans.
El código contempla que proveedores de servicios puedan excluir, si así lo desean, a una persona trans de utilizar un espacio destinado a un solo género con el objetivo de «evitar malestar o angustia» a otros usuarios, o en caso de que otras personas se opongan a compartir ese espacio dependiendo de su apariencia física.
Posteriormente, señala que sería «muy improbable que resulte proporcional poner a una persona trans en una posición en la que no exista un servicio que se le permita utilizar» e insta a los proveedores a garantizar una «alternativa adecuada» para ésta.
La secretaria de Estado británica de Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, presentó el pasado 21 de mayo ante el Parlamento el borrador del código y fue aprobado de manera automática el 9 de julio tras superar el plazo de 40 días, sin ser sometido a debate o votación por parte de las Cámaras y pese a las peticiones de diversas asociaciones LGTBI+.
La entidad británica Trans+ Solidarity Alliance aseguró el pasado julio que las personas trans quedarán «expuestas a riesgos» y su acceso a servicios esenciales «se verá más limitado» tras la entrada en vigor de la nueva directriz.
«Se trata de la capacidad de las personas trans para llevar una vida cotidiana segura y con confianza. Este código de buenas prácticas no hará que el problema desaparezca, como algunos parecen desear», agregó en un manifiesto.
Una nueva directriz obligará a modificar desde este miércoles el uso de miles de espacios públicos segregados por género en Reino Unido, casi un año y medio después de un fallo histórico del Tribunal Supremo sobre la definición legal de sexo biológico. Con la entrada en vigor mañana de este «código de buenas prácticas», pautado por el regulador británico de igualdad, los aseos, vestuarios, salas de hospital o cualquier espacio segregado por género deberán utilizarse en función del sexo asignado al nacer y no con el género con el que la persona se identifica. Esto implica que cerca de 13.000 aseos y más de 5.000 vestuarios en gimnasios, hospitales o centros de ocio de Inglaterra, Escocia y Gales, podrían necesitar reformas, con un coste estimado de decenas de millones de libras. La aplicación de la directriz llega tras una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2025 -en un caso impulsado por la organización For Women Scotland- que limitó la definición legal de mujer al sexo biológico, en una decisión que fue ampliamente criticada y tildada de discriminatoria para las personas trans. El código contempla que proveedores de servicios puedan excluir, si así lo desean, a una persona trans de utilizar un espacio destinado a un solo género con el objetivo de «evitar malestar o angustia» a otros usuarios, o en caso de que otras personas se opongan a compartir ese espacio dependiendo de su apariencia física. Posteriormente, señala que sería «muy improbable que resulte proporcional poner a una persona trans en una posición en la que no exista un servicio que se le permita utilizar» e insta a los proveedores a garantizar una «alternativa adecuada» para ésta. La secretaria de Estado británica de Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, presentó el pasado 21 de mayo ante el Parlamento el borrador del código y fue aprobado de manera automática el 9 de julio tras superar el plazo de 40 días, sin ser sometido a debate o votación por parte de las Cámaras y pese a las peticiones de diversas asociaciones LGTBI+. La entidad británica Trans+ Solidarity Alliance aseguró el pasado julio que las personas trans quedarán «expuestas a riesgos» y su acceso a servicios esenciales «se verá más limitado» tras la entrada en vigor de la nueva directriz. «Se trata de la capacidad de las personas trans para llevar una vida cotidiana segura y con confianza. Este código de buenas prácticas no hará que el problema desaparezca, como algunos parecen desear», agregó en un manifiesto.
Una nueva directriz obligará a reformar cerca de 18.000 instalaciones en gimnasios, hospitales o centros de ocio, con un coste estimado de decenas de millones de libras
Una nueva directriz obligará a modificar desde este miércoles el uso de miles de espacios públicos segregados por género en Reino Unido, casi un año y medio después de un fallo histórico del Tribunal Supremo sobre la definición legal de sexo biológico.Con la entrada en vigor mañana de este «código de buenas prácticas», pautado por el regulador británico de igualdad, los aseos, vestuarios, salas de hospital o cualquier espacio segregado por género deberán utilizarse en función del sexo asignado al nacer y no con el género con el que la persona se identifica.Esto implica que cerca de 13.000 aseos y más de 5.000 vestuarios en gimnasios, hospitales o centros de ocio de Inglaterra, Escocia y Gales, podrían necesitar reformas, con un coste estimado de decenas de millones de libras. La aplicación de la directriz llega tras una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2025 -en un caso impulsado por la organización For Women Scotland- que limitó la definición legal de mujer al sexo biológico, en una decisión que fue ampliamente criticada y tildada de discriminatoria para las personas trans.El código contempla que proveedores de servicios puedan excluir, si así lo desean, a una persona trans de utilizar un espacio destinado a un solo género con el objetivo de «evitar malestar o angustia» a otros usuarios, o en caso de que otras personas se opongan a compartir ese espacio dependiendo de su apariencia física.Posteriormente, señala que sería «muy improbable que resulte proporcional poner a una persona trans en una posición en la que no exista un servicio que se le permita utilizar» e insta a los proveedores a garantizar una «alternativa adecuada» para ésta.La secretaria de Estado británica de Mujer e Igualdad, Bridget Phillipson, presentó el pasado 21 de mayo ante el Parlamento el borrador del código y fue aprobado de manera automática el 9 de julio tras superar el plazo de 40 días, sin ser sometido a debate o votación por parte de las Cámaras y pese a las peticiones de diversas asociaciones LGTBI+.La entidad británica Trans+ Solidarity Alliance aseguró el pasado julio que las personas trans quedarán «expuestas a riesgos» y su acceso a servicios esenciales «se verá más limitado» tras la entrada en vigor de la nueva directriz.»Se trata de la capacidad de las personas trans para llevar una vida cotidiana segura y con confianza. Este código de buenas prácticas no hará que el problema desaparezca, como algunos parecen desear», agregó en un manifiesto.
