Cuando el martes se conoció que el juez del caso Plus Ultra había imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, Jorge Fernández-Rúa se temió lo que no tardaría en ocurrir: la actividad lobista acabaría en el punto de mira. Y Gabriel Rufián se encargó de garantizarlo.. Seguir leyendo
Cuando el martes se conoció que el juez del caso Plus Ultra había imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, Jorge Fernández-Rúa se temió lo que no tardaría en ocurrir: la actividad lobista acabaría en el punto de mira. Y Gabriel Rufián se encargó de garantizarlo.. —¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? —preguntó el miércoles en el Congreso el portavoz de ERC, enfocando justo donde barruntaba Fernández-Rúa, madrileño de 40 años, máster en Asuntos Públicos por la Universidad Sciences Po, en París, lobista en la consultora Cariotipo.. Sin prejuzgar lo que haya hecho Zapatero, que ha afirmado que sus tareas para la empresa investigada Análisis Relevante fueron de “consultoría” y no de lobby, Fernández-Rúa cree que el escándalo extiende una visión prejuiciosa sobre la actividad lobista, a la que se dedica su empresa, una firma familiar en la que no trabaja —subraya— ningún expolítico. En línea con estas preocupaciones, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), organización que representa al sector de los llamados “asuntos públicos”, ha aclarado en un comunicado esta semana: “El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias”.. Pero, ¿qué es cada cosa?. El lobby es una profesión con cobertura en los artículos de la Constitución 9 y 23, que garantizan el derecho a participar en los asuntos públicos. A falta de una ley, la acotación oficial de la figura del “lobista” se obtiene del Código de Conducta del Congreso y el Senado, que lo define como todo aquel que pretenda “influir” en una ley “en favor” de algún interés a través de un político o personal a su cargo. Ahí entrarían desde un enviado por un banco que quiere influir en una regulación financiera, hasta un empleado de una consultora representando a un gigante del Ibex interesado en una reforma fiscal, pasando por un ecologista que reclama un urbanismo verde. Nada impide que un expolítico ejerza esta actividad, siempre que haya pasado el periodo de incompatibilidad, que para los altos cargos del Estado es de dos años desde su cese.. El tráfico de influencias es otra cosa. Es un delito tipificado entre los artículos 428 y 430 del Código Penal que cometen tanto funcionarios y políticos como particulares que, “prevaliéndose” de un cargo o de una “relación personal”, persiguen una decisión institucional favorable que les garantice un lucro. Para que sea delito, según ha establecido el Tribunal Supremo, debe haber una influencia cuya “eficiencia” esté asegurada por dicha “situación prevalente”. ¿Ejemplos? Como particular, Francisco Correa ha sido condenado por tráfico de influencias, entre otros delitos, por la red Gürtel. Como cargo público, lo fue Jaume Matas por una contratación que impulsó desde la presidencia de Baleares. En fase de instrucción, se investiga este posible delito en el antiguo despacho del exministro de Hacienda de Cristóbal Montoro y, en lo que ha supuesto una extraordinaria sacudida política, en el rescate de Plus Ultra, donde el juez describe una red “jerarquizada” que ejerce “influencia” para lograr un “beneficio económico” valiéndose de los “contactos” y la “capacidad de acceso” al poder del expresidente Zapatero.. De la política al ‘lobby’. Un 27,3% de los profesionales del sector han hecho antes carrera política, según una encuesta de la APRI y la Universidad de Navarra. Hay perfiles de alto nivel. Los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP) fundaron en 2019 la consultora Acento, vendida este año al grupo francés Havas, donde siguen siendo directivos. El expresidente del Senado Ander Gil, del PSOE, es director de asuntos públicos de la consultora LLyC. José Luis Ayllón, que fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy, dirige esta misma área en la CEOE.. Los principales acusados del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa (derecha, en primer término) y Pablo Crespo (a su izquierda, en la imagen), durante la primera sesión de uno de los juicios por la trama, en marzo del año pasado.Mariscal Mariscal (EFE). Leyendo el auto en el que se imputa a Zapatero, donde se alude a sus “contactos” y “capacidad de acceso” al poder para armar la imputación, ¿tienen los lobistas con currículo político motivos para la inquietud?, ¿pueden ver cuestionada su actividad? “Es para no estar tranquilo, porque, claro, todo el mundo entiende que cuando un lobista hace su labor, puede hablar con gente”, reflexiona el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll, para quien si el expolítico se dedica a dar indicaciones alejado del contacto directo con los cargos públicos, estará siempre más lejos de incumplir el tipo penal. A juicio de Nieva-Fenoll, el problema es que la jurisprudencia, aunque deja fuera del delito acciones como llamar a un funcionario para interesarse por un expediente, no es suficientemente precisa.. Para Irene Matías, vicepresidenta de APRI, el quid reside en el cómo. “Si un político —analiza— ha desarrollado actividades de influencia por un canal regulado y formal, no hay problema. Si lo ha hecho de forma opaca, con sociedades y pagos interpuestos, se tiene que examinar conforme al Código Penal”, señala. También desde el sector, Eva Silván, directora de la consultora Silván & Miracle, afirma: “La línea es muy fina, pero clara”. Una cosa, expresa, es trasladar “intereses y preocupaciones” de la sociedad civil a la Administración y otra “medrar para conseguir un contrato”.. Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero, el martes en Madrid.Gustavo Valiente (Europa Press). En respuesta por escrito, Jorge López Zafra, director general de LLyC para España y Bruselas, no cree que la actividad de sus profesionales de asuntos públicos provenientes de la política esté en entredicho. “Entender el lobby como un ejercicio de acceso es una visión más propia de hace décadas”, indica López Zafra, que añade que los “asuntos públicos” son más que lobby y alcanzan también “análisis del entorno institucional y político” e “identificación de riesgos y oportunidades”, entre otras facetas. Cuando LLyC incorpora a expolíticos o funcionarios en excedencia, lo hace, explica, “pensando en el conocimiento que pueden aportar”, agrega el directivo de LLyC, que apunta que toda su tarea se rige por un código ético que prohíbe cualquier “relación deshonesta o de abuso” con trabajadores públicos. “Nuestra máxima es clara: cualquier cosa sobre la que no se pueda ser transparente, no la hacemos”, concluye.. Que las consultoras cuenten “con perfiles con experiencia en la Administración”, como Blanco o Alonso, es algo “habitual en cualquier democracia avanzada”, señala, también por escrito, Carlos Ruiz Mateos, director general adjunto de H/Advisors, la antigua Acento, que defiende que la clave está en que sus actuaciones se desarrollen con “transparencia, trazabilidad y pleno respeto a las norma. “Y siempre entendiendo que la decisión final corresponde a la administración pública”, añade. Tanto LLyC como H/Advisors reclaman la aprobación de una ley estatal que clarifique esta actividad.. Conocimiento y acceso. Silván, cuya empresa prohíbe percibir una comisión de sus clientes en función de si logra o no resultados para evitar incurrir en “presiones”, admite que la mezcla en los medios del tráfico de influencias con los lobbies “daña la reputación” del sector, pero ya lo ve como gajes del oficio y tira de pedagogía: “Aunque mucha gente se confunda, lo que hacemos tiene más que ver con el diseño estratégico para aportar conocimiento experto que con la presión o las relaciones políticas. En mi equipo somos politólogos, expertos en comunicación, en asuntos públicos, en relaciones internacionales…”. ¿Y expolíticos? En Silván & Miracle, no. “Y no porque lo vea deshonesto. Aportan un valor, conocen los intríngulis del poder y tienen conocimiento técnico. Una vez fragmentado el sistema de partidos, las carreras en política se han acortado, con lo que es lógico que muchos busquen un acomodo allí donde son útiles”, explica.. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en la comisión en el Senado sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’, en marzo de este año.Claudio Álvarez. Ahora bien, Silván se muestra consciente de que las tareas de lobby desarrolladas por expolíticos despiertan “suspicacias”, aunque ella subraya que nada tienen que ver con el tráfico de influencias. También sin presuponer conductas indebidas, Jorge Fernández-Rúa, de Cariotipo, sí cree que el paso de un político a los asuntos públicos es “delicado”, porque puede surgir “la sombra de sospecha” de que pone su “acceso al poder” al servicio de intereses privados.. La ley pendiente. El caso Plus Ultra ha aflorado el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de lobbies. Nada nuevo. La posibilidad de regular los lobbies coleadesde la Transición, cuando Manuel Fraga quiso meter los “grupos legítimos de intereses” en el artículo 77 de la Constitución. No pasó. Desde entonces, solo ha habido amagos. Ahora hay dos normas en tramitación en el Congreso para regular la relación de los políticos con los grupos de interés, una impulsada por el Gobierno para los cargos de la Administración General del Estado y otra por el PSOE para los diputados.. Hemiciclo del Congreso de los Diputados durante un momento sin actividad parlamentaria.Foto: ÁLVARO GARCÍA. Escépticos sobre la suerte de ambas normas, todos los consultados creen que sería deseable su aprobación, que serviría tanto para “quitar al lobby el estigma negativo» como para “disuadir de conductas inapropiadas a quienes lo ejercen”, señala el sociólogo Joan Navarro, especializado en grupos de interés. Sin calificar los hechos del caso Plus Ultra, Eva Silván indica que si se fijara por ley “una obligación de registrarse para cualquier tarea de lobby, quizás Análisis Relevante y Zapatero habrían tenido que registrarse». Además, dice, una norma “sería buena para el prestigio de nuestra actividad”.. Fernández-Rúa advierte de que la ley que hay en tramitación para la Administración General del Estado exceptúa a colegios profesionales, sindicatos y partidos, lo cual lastra su alcance. “El punto crítico son los partidos. ¿De qué sirve una incompatibilidad de dos años de un ex alto cargo si después sigue conectado con el partido, que influye en el legislativo y el ejecutivo?”, se pregunta. Y añade: “El poder, no lo olvidemos, está en el partido. Ahí es donde estaba la influencia de Zapatero”.. Irene Matías, vicepresidenta de APRI, afirma: “La regulación del lobby no entraría en el Código Penal, pero transparentaría la actividad y permitiría ver quién mantiene las reuniones, con qué interés”. Así quedaría más claro lo que para ella es evidente: la diferencia “entre el lobby profesional y el tráfico de influencia“.. El “sesgo antipoderosos”. Aunque partidario de aprobar normativa, el sociólogo Joan Navarro cree que con las normas ya en vigor hay suficiente para no confundir el trabajo de asuntos públicos y la influencia indebida. “La diferencia está clarísima. El lobby es una actividad legítima. El tráfico de influencias, un delito en el que la clave es la prevalencia. Si tú eres un empresario que quiere influir en una medida, puedes hacerlo. Pero si eres un empresario que quiere influir y acudes a un funcionario del que tienes contratada a su mujer y su hija, puedes vulnerar la ley», explica el sociólogo Joan Navarro, especializado en grupos de interés.. Las “confusiones” no brotan del terreno legal, añade. “Los medios tienen un sesgo antipoderosos que hace que, cuando hay un político con relaciones con las empresas, se le demonice. Y la opinión pública no quiere que un expolítico se dedique a tareas de lobby», añade Navarro, que con toda prudencia cree que el caso de Zapatero no se ajusta al tráfico de influencias —“tendría que aparecer un funcionario diciendo ‘sí, me influyó desde una posición de prevalencia”—, pero cree que, aunque salga indemne, muchos verán “inadecuado” que trabajase para una empresa que ha obtenido fondos públicos.
El sector urge a aprobar una ley que rebaje un estigma agravado por los escándalos judiciales. Las consultoras que trabajan con expolíticos niegan que busquen “acceso” preferente al poder
