La actual legislatura empezó en 2023 gracias a la ley de amnistía y afronta la recta final después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Aún quedan flecos por resolver, principalmente en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, pero parece inevitable que la aplicación de la medida de gracia sea total en los próximos meses, incluido el caso de Carles Puigdemont. Cuando eso ocurra se cerrará, al menos en el plano judicial, uno de los episodios más dramáticos de la etapa democrática. Seguir leyendo
ley de amnistíaAnálisisExposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersosLa política y la justicia han ofrecido una imagen poco edificante en la respuesta al golpe a la democracia que supuso el ‘procés’El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se dirige a sus partidarios cerca del Parlament, en 2024.Emilio Morenatti (AP)La actual legislatura empezó en 2023 gracias a la ley de amnistía y afronta la recta final después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Aún quedan flecos por resolver, principalmente en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, pero parece inevitable que la aplicación de la medida de gracia sea total en los próximos meses, incluido el caso de Carles Puigdemont. Cuando eso ocurra se cerrará, al menos en el plano judicial, uno de los episodios más dramáticos de la etapa democrática. Durante estos años, España ha asistido a un enfrentamiento inédito entre poderes del Estado, con secuelas que explican, en parte, el ambiente de polarización extremo. El choque entre el Ejecutivo y una parte de la judicatura ha sido y es indisimulado, y el daño a las instituciones, cuya fortaleza reside en el respeto, mutuo es evidente. Con el paso del tiempo, cuando desaparezcan las urgencias partidistas y los historiadores analicen este periodo, probablemente concluirán que ni la política ni la justicia estuvieron a la altura de la responsabilidad exigida.La política falló primero. El PSOE aceptó tramitar la ley de amnistía porque necesitó los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, no por la firme convicción de que la medida gracia era necesaria para pacificar Cataluña y buscar una salida al conflicto. Los socialistas hicieron piruetas dialécticas para defender lo que poco antes consideraban una medida que no encajaba en la Constitución. La amnistía era defendible, y es indiscutible que el paso del tiempo ha demostrado su utilidad, pero habría ganado legitimidad si el PSOE la hubiera llevado en su programa electoral y sometido al juicio de las urnas. Como consecuencia de esta improvisación, la legislatura ha proyectado una imagen de cambalache permanente, con un Gobierno sometido a los vaivenes de Junts, una formación tan decisiva como imprevisible.Tampoco puede eludir su responsabilidad el PP, bajo cuyo mandato se produjo el golpe secesionista de 2017. Desbordado políticamente, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó en manos de los jueces la respuesta a un conflicto que jamás debió salir de la esfera política. Y convertir un problema e
La política y la justicia han ofrecido una imagen poco edificante en la respuesta al golpe a la democracia que supuso el ‘procés’
