No seré yo quien se oponga a la idea de que la inmigración irregular debe ser resuelta, en ocasiones, de una manera extraordinaria cuando las políticas migratorias –o su ausencia– han fracasado y se han generado enormes bolsas de personas que subsisten indocumentadas y sujetas frecuentemente a condiciones inaceptables de vida y de explotación laboral. Sin embargo, no por ello voy a aplaudir la actual iniciativa del Gobierno para hacerlo, cuyo plazo de solicitud se ha cerrado esta semana. No lo haré porque estimo que un asunto tan relevante como este merece una planificación detallada y no una acción improvisada para cubrir las premuras de la coyuntura política. Tal fue el caso del anuncio de la regularización y de su conexión con algunos de los mantras que se repiten desde la izquierda para invocar su superioridad moral, como el de la creación de nuevos derechos o, en el caso concreto que nos ocupa, el de la descalificación por racistas de quienes se oponen al presidente Sánchez. Improvisación que se manifiesta en la incapacidad de la administración para hacer una previsión correcta del número de solicitantes, pues se ha pasado de 0,5 a 1,3 millones, incluyendo un alto nivel de fraude, según los sindicatos policiales. También en la insuficiencia de los medios de comprobación del arraigo o los antecedentes penales, así como en la ausencia de un programa para el día después, que se ha solventado con el anuncio tardío de un «Plan de Integración y Ciudadanía», también improvisado, en el que al parecer se gastarán quinientos millones de euros. Y, sobre todo, en una formulación jurídica del procedimiento que es, al parecer, discordante con la normativa comunitaria, que no ha sido notificada a la Comisión Europea y que carece de coordinación con los demás Estados de la Unión, tal como ha dictaminado el Tribunal Supremo. O sea, una chapuza más de un Gobierno a la deriva, que puede dar lugar a la frustración de un proceso que no sólo beneficiaría a los directamente afectados, sino que sería favorable para la economía española, tal como han mostrado los estudios publicados por la AIREF o el IESE, este último basado en la experiencia de 2005, que regularizó a 600.000 «sin papeles».
Una chapuza más de un Gobierno a la deriva
No seré yo quien se oponga a la idea de que la inmigración irregular debe ser resuelta, en ocasiones, de una manera extraordinaria cuando las políticas migratorias –o su ausencia– han fracasado y se han generado enormes bolsas de personas que subsisten indocumentadas y sujetas frecuentemente a condiciones inaceptables de vida y de explotación laboral. Sin embargo, no por ello voy a aplaudir la actual iniciativa del Gobierno para hacerlo, cuyo plazo de solicitud se ha cerrado esta semana. No lo haré porque estimo que un asunto tan relevante como este merece una planificación detallada y no una acción improvisada para cubrir las premuras de la coyuntura política. Tal fue el caso del anuncio de la regularización y de su conexión con algunos de los mantras que se repiten desde la izquierda para invocar su superioridad moral, como el de la creación de nuevos derechos o, en el caso concreto que nos ocupa, el de la descalificación por racistas de quienes se oponen al presidente Sánchez. Improvisación que se manifiesta en la incapacidad de la administración para hacer una previsión correcta del número de solicitantes, pues se ha pasado de 0,5 a 1,3 millones, incluyendo un alto nivel de fraude, según los sindicatos policiales. También en la insuficiencia de los medios de comprobación del arraigo o los antecedentes penales, así como en la ausencia de un programa para el día después, que se ha solventado con el anuncio tardío de un «Plan de Integración y Ciudadanía», también improvisado, en el que al parecer se gastarán quinientos millones de euros. Y, sobre todo, en una formulación jurídica del procedimiento que es, al parecer, discordante con la normativa comunitaria, que no ha sido notificada a la Comisión Europea y que carece de coordinación con los demás Estados de la Unión, tal como ha dictaminado el Tribunal Supremo. O sea, una chapuza más de un Gobierno a la deriva, que puede dar lugar a la frustración de un proceso que no sólo beneficiaría a los directamente afectados, sino que sería favorable para la economía española, tal como han mostrado los estudios publicados por la AIREF o el IESE, este último basado en la experiencia de 2005, que regularizó a 600.000 «sin papeles».
