Cualquier persona con una pizca de honradez intelectual entiende que la Instrucción dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, -hermana del ministro Óscar Puente- que concedía la «presunción de exilio» a todo descendiente de español nacido en el extranjero era una chapuza jurídica de la peor especie y fuente de las sospechas sobre la intención de llevar a cabo un fraude electoral mediante la alteración del Censo por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez, a quien todas las encuestas solventes le sitúan como perdedor en una próxima contienda en las urnas. Creemos que la furibunda reacción de los portavoces gubernamentales a la razonable y razonada decisión del Tribunal Supremo no hacen más que abonar esas sospechas, puesto que se comportan como si el futuro político del PSOE y de su secretario general dependiera exclusivamente de esa «arquitectura censal» que la justicia acaba de desautorizar. No es cuestión de entrar ahora en las supuestas motivaciones espurias de quienes han venido impulsando las nacionalizaciones masivas al rebufo de la Ley de Memoria Democrática, pero sí de señalar que el daño que podían causar, y que, de hecho, han causado, esas políticas censitarias a la confianza ciudadana en la limpieza de las elecciones es una de las peores agresiones que se pueden llevar a cabo contra una democracia representativa. La mera duda sobre la limpieza del proceso electoral puede llevar a las sociedades afectadas a unas dinámicas de rechazo de los resultados demoledoras para la convivencia. La tentación de manipular los censos en aquellas áreas donde un determinado partido se cree más beneficiado que los demás, no es nueva, pero suele resolverse, como es el caso, con la intervención de los tribunales. Lo que sí es una absoluta novedad es la reacción contra los jueces de quienes se han visto pillados en falta, es decir, quienes nos gobiernan actualmente, como si una decisión contraria a los intereses del Ejecutivo fuera un ataque ilegítimo a la democracia. Esta tendencia generalizada en los sectores gubernamentales, que se alimenta del victimismo y busca enemigos a los que culpar de sus propias mañas, está siendo un lastre cada vez más pesado para la Nación. Además, no es difícil alimentar la desconfianza ciudadana en la probidad de la política cuando quien azuza la demagogia más pedestre contra el contrario es alguien que fue acusado de intentar manipular unas urnas en un proceso de elección interno, como es el caso del inquilino de La Moncloa. El acierto del Tribunal Supremo permitirá ganar tiempo para poner en orden unas nacionalizaciones que, a la postre, entregaban buena parte de las decisiones soberanas a gentes que nunca han tenido la menor vinculación con España ni han demostrado el menor interés por los problemas, esperanzas e ilusiones de quienes habitamos la piel de toro, pero que los socialistas los consideran como propios.
No es difícil alimentar la desconfianza ciudadana en la probidad de la política cuando quien azuza la demagogia más pedestre contra el contrario es alguien que fue acusado de intentar manipular unas urnas en un proceso de elección interno, como es el caso del inquilino de La Moncloa
Cualquier persona con una pizca de honradez intelectual entiende que la Instrucción dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, -hermana del ministro Óscar Puente- que concedía la «presunción de exilio» a todo descendiente de español nacido en el extranjero era una chapuza jurídica de la peor especie y fuente de las sospechas sobre la intención de llevar a cabo un fraude electoral mediante la alteración del Censo por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez, a quien todas las encuestas solventes le sitúan como perdedor en una próxima contienda en las urnas. Creemos que la furibunda reacción de los portavoces gubernamentales a la razonable y razonada decisión del Tribunal Supremo no hacen más que abonar esas sospechas, puesto que se comportan como si el futuro político del PSOE y de su secretario general dependiera exclusivamente de esa «arquitectura censal» que la justicia acaba de desautorizar. No es cuestión de entrar ahora en las supuestas motivaciones espurias de quienes han venido impulsando las nacionalizaciones masivas al rebufo de la Ley de Memoria Democrática, pero sí de señalar que el daño que podían causar, y que, de hecho, han causado, esas políticas censitarias a la confianza ciudadana en la limpieza de las elecciones es una de las peores agresiones que se pueden llevar a cabo contra una democracia representativa. La mera duda sobre la limpieza del proceso electoral puede llevar a las sociedades afectadas a unas dinámicas de rechazo de los resultados demoledoras para la convivencia. La tentación de manipular los censos en aquellas áreas donde un determinado partido se cree más beneficiado que los demás, no es nueva, pero suele resolverse, como es el caso, con la intervención de los tribunales. Lo que sí es una absoluta novedad es la reacción contra los jueces de quienes se han visto pillados en falta, es decir, quienes nos gobiernan actualmente, como si una decisión contraria a los intereses del Ejecutivo fuera un ataque ilegítimo a la democracia. Esta tendencia generalizada en los sectores gubernamentales, que se alimenta del victimismo y busca enemigos a los que culpar de sus propias mañas, está siendo un lastre cada vez más pesado para la Nación. Además, no es difícil alimentar la desconfianza ciudadana en la probidad de la política cuando quien azuza la demagogia más pedestre contra el contrario es alguien que fue acusado de intentar manipular unas urnas en un proceso de elección interno, como es el caso del inquilino de La Moncloa. El acierto del Tribunal Supremo permitirá ganar tiempo para poner en orden unas nacionalizaciones que, a la postre, entregaban buena parte de las decisiones soberanas a gentes que nunca han tenido la menor vinculación con España ni han demostrado el menor interés por los problemas, esperanzas e ilusiones de quienes habitamos la piel de toro, pero que los socialistas los consideran como propios.
