Decenas de miles de españoles, convocados por organizaciones de la sociedad civil, desfilaron ayer en Madrid por la dignidad de Ceuta y reclamaron la inmediata celebración de unas elecciones generales. Cualquier observador político que no mire a través de un prisma ideologizado hasta el sectarismo coincidirá en que el adelanto electoral, es decir, la devolución de la palabra al pueblo soberano, es la única salida para la crisis de confianza en la que se debate el Gobierno, con los tres últimos ejercicios sin haber conseguido aprobar los Presupuestos del Estado, con una fractura políticamente trasversal frente a un proyecto de financiación autonómica pactado con los nacionalistas catalanes, un fracaso rotundo en las políticas de vivienda, una inflación galopante que se come el poder adquisitivo de los ciudadanos y, como remate final, la invasión de una parte del territorio español por parte de Marruecos, cuya caótica respuesta por parte del Ejecutivo ha vuelto a demostrar la proverbial incompetencia del Ejecutivo social comunista a la hora de gestionar los problemas de los españoles. Sinceramente, no creemos que la mejor respuesta que se puede dar a una gran parte de la sociedad, preocupada por el futuro, asustada por la impunidad con la que se conduce un país supuestamente aliado como Marruecos y escandalizada ante el rosario de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, sea la del ministro Óscar López, tildando poco menos que de fascistas a quienes demandan el apoyo firme del Estado a los ceutíes y la pronta celebración de comicios. Pedro Sánchez puede seguir prolongando el esperpento de este final de legislatura, con sus socios amenazando con abandonar la reunión del Consejo de ministros en caso de no aprobarse un decreto demencial sobre la vivienda, y seguir negociando los balones de oxígeno, uno a uno, con unos socios de investidura que ya ventean el horizonte electoral y se preparan a marcar distancias. Pero es una política voluntarista que, además, exigirá un mayor esfuerzo a los servicios de propaganda para incrementar la tensión ciudadana en las calles de España, en una estrategia divisiva que busca la movilización del electorado de izquierdas. Es fácil entender la negativa de La Moncloa a convocar elecciones, dadas las malas previsiones para los partidos del Gobierno que arrojan las encuestas electorales, salvo las del CIS, pero no se nos ocurre qué ventajas puede obtener la sociedad española del hecho de que el sanchismo prolongue esta situación de crispación política a la que puede sumarse una nueva crisis económica. Las decenas de miles de personas que se manifestaron en Madrid no atentaban contra los principios democráticos ni contra el ordenamiento jurídico. Sólo pedían elecciones generales, a ser posible, sin sombra alguna de irregularidad, como ha sucedido desde la Transición.
Las decenas de miles de personas que se manifestaron en Madrid no atentaban contra los principios democráticos ni contra el ordenamiento jurídico. Sólo pedían elecciones generales, a ser posible, sin sombra alguna de irregularidad
Decenas de miles de españoles, convocados por organizaciones de la sociedad civil, desfilaron ayer en Madrid por la dignidad de Ceuta y reclamaron la inmediata celebración de unas elecciones generales. Cualquier observador político que no mire a través de un prisma ideologizado hasta el sectarismo coincidirá en que el adelanto electoral, es decir, la devolución de la palabra al pueblo soberano, es la única salida para la crisis de confianza en la que se debate el Gobierno, con los tres últimos ejercicios sin haber conseguido aprobar los Presupuestos del Estado, con una fractura políticamente trasversal frente a un proyecto de financiación autonómica pactado con los nacionalistas catalanes, un fracaso rotundo en las políticas de vivienda, una inflación galopante que se come el poder adquisitivo de los ciudadanos y, como remate final, la invasión de una parte del territorio español por parte de Marruecos, cuya caótica respuesta por parte del Ejecutivo ha vuelto a demostrar la proverbial incompetencia del Ejecutivo social comunista a la hora de gestionar los problemas de los españoles. Sinceramente, no creemos que la mejor respuesta que se puede dar a una gran parte de la sociedad, preocupada por el futuro, asustada por la impunidad con la que se conduce un país supuestamente aliado como Marruecos y escandalizada ante el rosario de casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, sea la del ministro Óscar López, tildando poco menos que de fascistas a quienes demandan el apoyo firme del Estado a los ceutíes y la pronta celebración de comicios. Pedro Sánchez puede seguir prolongando el esperpento de este final de legislatura, con sus socios amenazando con abandonar la reunión del Consejo de ministros en caso de no aprobarse un decreto demencial sobre la vivienda, y seguir negociando los balones de oxígeno, uno a uno, con unos socios de investidura que ya ventean el horizonte electoral y se preparan a marcar distancias. Pero es una política voluntarista que, además, exigirá un mayor esfuerzo a los servicios de propaganda para incrementar la tensión ciudadana en las calles de España, en una estrategia divisiva que busca la movilización del electorado de izquierdas. Es fácil entender la negativa de La Moncloa a convocar elecciones, dadas las malas previsiones para los partidos del Gobierno que arrojan las encuestas electorales, salvo las del CIS, pero no se nos ocurre qué ventajas puede obtener la sociedad española del hecho de que el sanchismo prolongue esta situación de crispación política a la que puede sumarse una nueva crisis económica. Las decenas de miles de personas que se manifestaron en Madrid no atentaban contra los principios democráticos ni contra el ordenamiento jurídico. Sólo pedían elecciones generales, a ser posible, sin sombra alguna de irregularidad, como ha sucedido desde la Transición.
